Recientemente se ha difundido en diversos medios de comunicación que el aborto en México se ha despenalizado después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo en revisión promovido por GIRE.

Lo cierto es que esta sentencia permitirá que las mujeres que sean afiliadas a esta organización que promueve abiertamente el aborto lo puedan solicitar sin necesidad de tramitar algún amparo, podrán ser atendidas en hospitales públicos federales y terminar con la vida de sus bebés en gestación.

Es verdad que la SCJN ha sido la institución que más apoyo ha brindado al avance del aborto en el país; en la acción de inconstitucionalidad del 7 de septiembre de 2021 declararon inconstitucionales los artículos del Código Penal de Coahuila que protegían la vida del hijo por nacer, esto se traduce en que ninguna mujer en todo el territorio mexicano habiendo cometido el delito de aborto podrá ser castigada.

A la fecha, doce estados de la República han modificado sus códigos penales para que el aborto sea permitido antes de la décima segunda semana, colocando en la ley la definición de “interrupción legal del embarazo”, de modo que el delito de aborto sea a partir de las 12 semanas; pese a ello, en el Código Penal Federal se sigue leyendo en el artículo 329 que “aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”.

Por ello, es impreciso decir que el aborto ha sido despenalizado en el país, sigue siendo un delito, aunque ya no tiene “dientes”, se convirtió en letra muerta de facto, y no es que queramos ver a las mujeres que cometieron el delito en la cárcel, de hecho no están allí, ni estaban las que abortaron, sino aquellos que les practicaron el aborto.

Cada vez se ve más claro que el activismo de las organizaciones abortistas a través de litigios estratégicos en la Corte en torno a este tema tiene el fin de presionar a los congresos para que de forma progresiva legalicen el aborto en los estados. Por ello, no está de más recordar a los legisladores que la división de poderes en nuestro país es tal que la Corte no puede obligarles a legislar, y los ciudadanos no debemos permitir que el Poder Judicial invada la esfera del Poder Legislativo.

Las iniciativas que presentan algunos legisladores en los estados, particularmente de Morena, buscan derogar el delito de aborto para que al borrarlo en el Código Penal este delito deje de serlo y pueda ser visto como “derecho”; tanto ha avanzado el lobby proaborto que con sus litigios estratégicos la Corte ya determinó que es inconstitucional castigar a una mujer que aborta, que los estados no pueden determinar cuándo empieza la vida, que la objeción de conciencia no es un derecho humano absoluto, que las mujeres aun sin estar embarazadas pueden tramitar un amparo que impugne la inconstitucionalidad de su marco jurídico local, y para acabar, que las organizaciones que hacen apología del delito puedan también impugnar las leyes de su Estado.

Ya podemos imaginar las consecuencias de todas estas iniciativas y reformas; la primera y más importante, que la vida de los mexicanos quedaría sin protección jurídica y se estaría legalizando ahora sí el exterminio de los seres humanos en cualquier momento de la gestación.

Lo que está pasando en México no es poca cosa, nos interpela a todos, y si no queremos que esto se cristalice debemos votar en congruencia y elegir candidatos que respeten la vida de todas las personas, independientemente de su edad o etapa de desarrollo.