El robo de documentos históricos es uno de los grandes males a los que están expuestos los archivos y bibliotecas públicas. En Yucatán existen algunos casos muy famosos de hurto de documentación de alto valor histórico, tanto de colecciones públicas como privadas. Una de las más sonadas ocurrió en la década de 1930.

El jueves 15 de octubre de 1936 el Diario de Yucatán publicó una nota que reveló que valiosos documentos históricos de Yucatán habían sido puestos a la venta en la Ciudad de México. El Chilam Balam de Tizimín, el Códice Pérez, varias obras de Humboldt y Zavala figuraban en el catálogo de la librería “Edda” propiedad de Eduardo Ancona. Cada uno de estos documentos fue sustraído ilegalmente de la colección bibliográfica del Museo Arqueológico e Histórico de Yucatán.

Las averiguaciones arrojaron que Vladimiro Rosado Ojeda encargó a la citada librería la venta de los documentos que obtuvo a través de un bibliotecario de la ciudad de Mérida. Era un asunto delicado, el inculpado era empleado del Museo Nacional de Arqueología e hijo de Luis Rosado Vega, director del Museo Arqueológico e Histórico de Yucatán.

El incidente tomó proporciones significativas, de acuerdo a los reportes de prensa, el gobernador Florencio Palomo Valencia se enteró de primera mano de la venta de los códices, y de inmediato ordenó una investigación sobre lo sucedido y el Museo Arqueológico y su director pronto vivieron las consecuencias.

La administración estatal nombró a Eduardo Martínez G. Cantón como interventor del Museo, se le encargó esclarecer el robo y dar cuenta de cada una de las anomalías existentes. Una de sus primeras acciones fue notificar que Luis Rosado Vega se había ausentado del Museo por tiempo indefinido y sin autorización oficial, por lo que Enrique Leal, secretario del establecimiento, se haría responsable por ser el empleado de más alto rango.

La intención del interventor fue revisar los inventarios, cotejarlos y obtener evidencia sobre el robo de documentos. Se llevó una decepción, el inventario más reciente que encontró estaba fechado el 7 de mayo de 1927, consignaba la existencia de 1467 volúmenes provenientes de un anexo de la Catedral y que se entregaron a la biblioteca del museo con todas las formalidades correspondientes.

La inspección del Museo fue lenta, varias habitaciones estaban bajo llave por orden expresa de Rosado Vega. La búsqueda de inventarios se extendió unos días más, se encontraron manuscritos de los que no había registro y fue hallado un inventario general fechado el 31 de diciembre de 1927. Paulatinamente salieron a la luz otros episodios de robo de documentación histórica, otras bibliotecas dependientes del Estado habían sido objeto de hurto y, alguno de ellos, fueron reportados en su oportunidad por Ralph L. Roys, Sylvanus G. Morley o Frans Bloom.

Fue así como inició uno de los momentos más turbulentos en la larga historia de robo y saqueo de nuestro patrimonio documental. ¿Qué sucedió con Luis Rosado Vega? En nuestra siguiente colaboración escribiré sobre ello (continuará).