Hace dos días, el pasado jueves 28 de octubre, en el Honorable Congreso del Estado de Yucatán, los diputados locales saldaron una deuda pendiente con los habitantes de esta bella entidad, al aprobar por mayoría la Ley de Cambio Climático.

Es una verdadera lástima que los representantes del partido Morena hubieran antepuesto sus intereses a la urgente necesidad de establecer un marco regulatorio propicio para el combate frontal al fenómeno del cambio climático, ya que esta tarea no debe contaminarse con los vaivenes políticos, y por el contrario, de haberse logrado la unanimidad, el mensaje enviado a la sociedad pudo haber sido más poderoso y efectivo.

¿Por qué es necesario legislar en la materia? Sin ninguna duda, el cambio climático es hoy la mayor amenaza que enfrenta la humanidad, sus impactos abarcan una gran cantidad y variedad de tópicos, y afectan absolutamente a todos los habitantes del planeta, pero de manera desproporcionada e injusta, lo hacen en primer lugar y con mayor intensidad en las comunidades más pobres y vulnerables.

Entonces, los esfuerzos por reducir las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero de origen humano, no solamente buscan corregir un desbalance ambiental, sino que pretenden también construir un mejor sistema de justicia social, que cierre las enormes brechas de desigualdad y oportunidades que hoy existen.

Es imposible no sentir la desesperanza de un campesino, cuando un prolongado período de intensa sequía le arruina su cosecha, o cuando fenómenos meteorológicos cada vez más frecuentes e intensos, destruyen su escaso patrimonio, esto es un motor importante para quienes estamos en la lucha por detener esta emergencia climática.

Y la mejor manera de organizar y enfocar las acciones para que sean verdaderamente efectivas, es dotarlas de un marco de actuación que sea de carácter general y obligatorio, es decir, hacer leyes.

Por eso es importante lo que acaba de suceder en Yucatán. Desde 2012 México cuenta con una Ley General de Cambio Climático, pero al tratarse de una materia cuya competencia no es exclusiva de la federación, todas las entidades federativas tendrían que haber ya promulgado sus correspondientes leyes estatales, y no todos lo han hecho. Yucatán no es el primero, ni tampoco el último estado en hacerlo, pero sí es el caso más reciente, y ahora que estamos muy cerca de iniciar la COP26 en Glasgow, Escocia, conviene recordar que todos los que aún faltan tienen que apurar el paso.

Desde luego que es posible implementar acciones sin necesidad de contar con una ley, pero lo medular está en que pone las reglas claras, e integra a los involucrados en la alta responsabilidad que a todos corresponde por reducir las emisiones hasta alcanzar la neutralidad, y así lograr el objetivo de mantener el incremento de la temperatura media anual global por debajo de los 2 grados Celsius, que todas las naciones del mundo se comprometieron a cumplir en París en el año 2015. Por esto, nos urge que pronto las 32 entidades federativas de México ya contemos con la Ley estatal de Cambio Climático.