El próximo 2 de junio, por vez primera, el novel grupo político de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, tendrá como tal una real prueba de fuego, porque aunque se respetase la normatividad electoral, que básicamente está diseñada, a partir 1988, cuando era la Secretaría de Gobernación la encargada de organizar, llevar a cabo y encabezar la calificación de las elecciones que realizaban los legisladores recién electos, siempre, hasta entonces, de mayoría oficialista, para prevenir la intervención de los gobiernos en los comicios y en sus resultados, por supuesto siempre favorables a la aplanadora del PRI-Gobierno, para utilizar la expresión de las oposiciones de entonces.

Por supuesto que los gobiernos intervienen en las elecciones —en la mayoría de las democracias actuales esto no es nada pecaminoso, siempre y cuando se respeten las reglas de cada sistema político-jurídico, que en nuestro país es de lo más complejo y rocambolesco del orbe, porque nuestra histórica tendencia a imponernos mediante el fraude han convertido en oprobioso el quehacer democrático cuando de los gobernantes se trata— y lo hacen como reivindicación de los derechos político-electorales de los gobernantes, de los partidos y de los ciudadanos.

Nos referimos a la unción de la diputada Anahí González Hernández como candidata indígena al senado, que aunque lo denunciaron sottovoce, únicamente en los corrillos de la grilla, aunque ya  fue cuestionada por haber sido ungida por el Morena como candidata a la cámara baja por el sureño distrito federal 2, sin tener prácticamente vínculo alguno con la zona y la capital Chetumal —es 100 por ciento cancuniqué—, pues su respaldo es ni más ni menos la gobernadora consentida de la sacrosanta Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador.

Tal es la realpolitik:, aunque solo los mexicanos tengamos que simular que eso no pasa mientras que en casi todo el mundo se toma como algo natural: en cuanto las elecciones, además de consistir en el método democrático para elegir gobernantes y representantes por excelencia, son la más eminente calificación del trabajo de estos, la encuesta de encuestas acerca de los gobiernos y los legisladores, las candidatura de los partidos en el poder necesariamente tienen que estar determinadas en buena parte, quiéranlo o no, por aquellos que detentan el poder.

Con Anahí González el problema no es que sea la candidata del oficialismo y que haya sido impulsada por la gobernadora, pues aunque nos hacemos los que la virgen les habla, todos sabemos muy bien que esa es la usanza democrática fingidamente constreñida en México, sino que si bien el tema de la no residencia en el distrito federal representando al cual llegó a ocupar una curul en el republicano inmueble de San Lázaro, en la Ciudad de México ya le ocasionó dolores de cabeza, el de su falsa pertenencia a la etnia maya y luego el intento fallido por redargüir una inexistente representación y gestión a favor de los indígenas sí que pareció un chiste malo, que ni una sonrisita provocó en los pobladores de los municipios con presencia importante de dicha etnia.

González Hernández será candidata a senadora y es prácticamente seguro que ganará por más espuria que sus detractores consideren su postulación, pues siendo una contienda interna las figuras de los tomadores de decisiones, el presidente López y la gobernadora Lezama —en este caso, ella es quien tiene plena influencia al interior del Morena y de la coalición de la Cuarta Transformación en el estado— están en el pináculo de su influencia política y sus determinaciones serán acatadas sin chistar.

Los conatos de rebeldía, pues, serán vistos como manifestaciones de ambiciones personales con tintes de un egoísmo que hoy por hoy no se concibe en la franquicia de López Obrador que, contrario a lo que suele pasar a estas alturas de una gestión presidencial, mantiene una de las popularidades más elevadas entre los líderes del mundo y sus propios correligionarios lo alientan a conservar un sistema de poder vertical al interior de los institutos políticos que se aglutinan a su alrededor, lo que la intensa dinámica de Lezama Espinosa le ha permitido replicar sin problema alguno en Quintana Roo, convirtiendo a su estado en una de las principales capitales del movimiento de la 4T.

Sin entrar a analizar siquiera la gestión de la inquilina quintanarroense del número 66 de la Avenida Congreso de la Unión, en San Lázaro, tiene por razones de pertenencia un sello bastante ganador, aunque no tanto como para suponer ganado de antemano el escaño senatorial, pues recién está surgiendo una competencia más que inquietante, teñida de color naranja.