La alcaldesa de Chetumal y diverso personal a su cargo —empleados del Ayuntamiento, capitalino de Quintana Roo, entre ellos altos funcionarios, mandos medios, policías y violentos pandilleros y agresivos golpeadores— , ha cometido y continúa cometiendo diversos delitos muy serios, tanto del fuero común como del federal, que atentan contra la población y la iniciativa privada, solo por capricho, perjudicando a más de 300 familias de un fraccionamiento, solo porque tiene tremenda tirria contra el desarrollador, Sergio Zapata Vales, por cierto del todo deslindado desde hace tiempo de la administración de los servicios de la comunidad.

Yensunni Martínez Hernández, presidenta municipal de Othón P. Blanco, no repara en gastos para las fiestas y las fastuosidades, llámense carnaval, Expofer o lo que sea: cualquier pretexto es bueno para la celebración y la parranda, sin importar que la capital de Quintana Roo se encuentre en un estado desastroso y la infraestructura municipal en ruinas, con el equipamiento para servicios públicos casi inexistente. Para eso, lo básico, no hay dinero.

Por ni el boato de sus comilonas y autocelebraciones tiene contenta a la primera concejal, ya que tan ignominiosa desatención a su municipio desde hace un buen tiempo derivó en que los othonenses de ninguna manera la van a favorecer con la reelección el domingo 7 de julio, de manera tal que en esta catastrófica recta final de su administración, además de cobros de derechos —y de chuecos— para consolarse por la previsible paliza electoral, anda en busca no de quien se la hizo sino de quien se la pague.

La ineficiente alcaldesa aprovechó un conflicto entre vecinos del Club Residencial Andara, consistente en que un grupúsculo se rehusa a pagar por los servicios convenidos en el contrato de compra-venta, que opera la empresa Más Allá de Tus Expectativas, S.A. de C.V. (Madte), contra una gran mayoría de propietarios —y residentes— que considera, acaso con pocas o muchas fallas o carencias, que lo ofrecido merece al menos lo que se paga por obtenerlo, y en general está conforme con el servicio proporcionado durante poco más de dos lustros. Hasta aquí un asunto entre particulares que mencionamos solo como antecedente, porque en adelante es público y de interés para toda la sociedad.

Como se ha relatado en este espacio, los inconformes, que no llegan a cuatro docenas entre unas 300 familias, constituyeron una entidad llamada Asociación de Propietarios y Residentes Club Residencial Andara Chetumal y, sin tomar en cuenta la opinión de la gran mayoría, demandaron ante la Justicia Federal la municipalización del lugar, que hasta entonces tenía acceso controlado por vigilantes, agua purificada —no solo potable, como la de la CAPA y Aguakan— de calidad muy superior a la de todas las marcas de líquido embotellado o envasado en garrafones disponible en la ciudad, en el estado y tal vez en el país.

La justicia federal le dio la "razón" a la minúscula asociación civil de mezquinos —lo único que quieren es tener servicios gratis, sin importarles perder la calidad de residencial que vivieron por una década—, ordenando la municipalización, pero la empresa interpuso ante el Juzgado Sexto de Distrito del Estado de Quintana Roo el Juicio de Amparo Indirecto 527/2023, cuyo único resolutivo acabó por darle la razón a la empresa, ad literam: ·ÚNICO. Es fundado el recurso de queja interpuesto por "MÁS ALLÁ DE TUS EXPECTATIVAS· Sociedad Anónima de Capital Variable, contra el proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, emitido por el juicio de amparo  indirecto 257/2023, del índice del Juzgado Sexto de Distrito Sexto en el Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal", más al saberse que la jueza Reina Oliva Fuentes López, que Madte señalaba por retrasar injustificadamente cada escrito que se le presentaba era ¡residente del Club Residencial Andara!, por lo que se vio obligada a recusarse en documento del 17 de octubre de 2023.

Ante esto, el asunto del juicio de amparo permanece sub iudice, es decir, sin resolución firme, por lo tanto la municipalización permanece sin efectos, inexistente. El juicio de amparo deberá continuar bajo la égida de un nuevo juzgador. Mientras, cualquier intervención por parte del Ayuntamiento de Othón P. Blanco en el residencial es totalmente ilegal y constituiría diversos delitos del fuero común y federales.

Aquí.

En otras entregas, hemos relatado acciones, perfectamente documentadas, de la toma violenta del residencial, la destrucción de las rejas del acceso principal, el encarcelamiento con lujo de violencia de vigilantes inocentes y desarmados, el robo de diversos equipos de propiedad privada y el impedimento, bajo amenazas de "partirles su madre", de la operación del personal de la empresa que, legalmente hablando, debiera seguir a cargo de toda la operación, pues la municipalización no ha surtido efecto, amén de que el ayuntamiento, por escrito, se ha manifestado incapaz de prestar los servicios públicos básicos que hasta ahora se tienen, severamente afectados por las intrusiones de los vándalos del ayuntamiento, que en vez de una comuna regida por el artículo 115 constitucional es una pandilla de felones.

¿Por qué habría delito federal? Pues porque una de las últimas gracias de los esbirros municipales fue robarse un transformador de la Comisión Federal de Electricidad —aparte de equipos propiedad de Madte—, pretendiendo conectarse ilegalmente a otro, que brinda servicio a una propiedad privada del dueño de la empresa que utilizan comerciantes y residentes, y no está en dación, dejando ya desde hace varios días sin alumbrado público a una de las cinco secciones del residencial —la más antigua— y a todo el acceso general, desde la calle hasta el interior del área no municipalizada, en perjuicio de muchas familias, pues además la vigilancia está suspendida por obra y gracia de doña Yensunni, que no solo ha excedido sus facultades, sino que delinque y perjudica a cientos de sus gobernados.

Por falta de espacio, en la próxima entrega le brindaremos al lector detalles y, sobre todo, referencias documentales de todo lo arriba dicho.

Esto es solo, muy grosso modo, la superficie de la historia de una campaña criminal llevada a cabo por un ayuntamiento, encabezado… ¡por una señora que pretende reelegirse en el cargo!