El proceso electoral en Quintana Roo ha dado inicio con el registro de las fórmulas para las candidaturas a diputaciones locales por el principio de mayoría relativa.

Sin embargo, este evento ha dejado al descubierto una realidad que no puede pasarse por alto, pues ha sacado a la luz la ambición desmedida por acceder a un cargo público, muchas veces sin un verdadero compromiso con el servicio a la comunidad.

Es preocupante observar cómo los partidos políticos y coaliciones han esperado hasta el último día para presentar sus candidaturas, evidenciando una falta de transparencia y planificación en el proceso electoral.

Es aún más alarmante la cantidad de candidatos registrados, lo que refleja una voracidad por el poder político más que un genuino interés por representar y servir a la ciudadanía, y no como ha ocurrido con las legislaturas que han desfilado por el Congreso del Estado, incluyendo la actual XVII Legislatura.

El acceso a una posición como diputado debería ser un privilegio otorgado a aquellos que demuestren un verdadero compromiso con los valores democráticos, la justicia social y el bienestar de la comunidad. Sin embargo, parece que en muchos casos se trata simplemente de una oportunidad para acceder a un salario atractivo y privilegios asociados al cargo, sin un verdadero propósito de contribuir al desarrollo del estado y sus habitantes.

Es necesario reflexionar sobre el verdadero significado de la representación política y el servicio público. Los ciudadanos merecen líderes comprometidos con sus necesidades y preocupaciones, no simples figuras que buscan satisfacer sus propios intereses partidistas.

Es responsabilidad de todos los actores involucrados en el proceso electoral, desde los partidos políticos hasta las autoridades electorales y la sociedad civil, asegurar que la democracia sea respetada y que los candidatos que buscan ocupar cargos públicos sean verdaderamente dignos de esa responsabilidad.

El Instituto Electoral de Quintana Roo tiene ahora la tarea de evaluar la procedencia de los registros y garantizar la transparencia y equidad en el proceso electoral.

Es fundamental que se tomen las medidas necesarias para asegurar que los representantes electos sean verdaderos servidores públicos, comprometidos con el bienestar y el progreso de Quintana Roo y su gente.