El crecimiento económico, comercial, turístico y poblacional del exitoso pueblo mágico de Bacalar se ha convertido en la peor pesadilla de habitantes originarios y ejidatarios del décimo municipio de Quintana Roo. 

Y no es que los pobladores no quisieran ver que la prosperidad llegue a su localidad, sino que ese desarrollo vino acompañado de vividores y gente perversa que, sin escrúpulos, busca apoderarse de la tierra que les pertenece. 

Se salvaron del Tren Maya, puesto que hubo buenos arreglos con el gobierno federal a la hora de hacer el trazo de las vías ferroviarias en sus predios, pero no se salvaron de los peligros de la corrupción en la cúpula del poder, que proviene de la escuela del gobierno priista que por décadas saqueó al pueblo mexicano. 

Y ha sido queja constante y reciente, la de los ejidatarios y campesinos, que han sido extorsionados y amenazados por un nuevo “cártel”, como se le conoce al del “Despojo” que opera en la zona norte de Quintana Roo, pero ahora, un tipo de mafia similar intenta apoderarse de las tierras de Bacalar, conscientes de la alta plusvalía que alcanzarán los terrenos en un par de años más. 

La mafia es operada desde las más altas esferas del municipio bacalarense, donde es comandada por su presidente municipal José “Chepe” Contreras Méndez, y su tesorero municipal, Paul Mbareq Romero Gómez. 

¿Cómo opera este Cártel del Despojo bacalarense? Muy sencillo, una sencillez tan maquiavélica que asustaría al propio Nicolás Maquiavelo, pues aquí no se valen de juicios laborales apócrifos como en la zona norte, sino que se aprovechan de la necesidad de la gente, que es peor. 

Estos dos funcionarios se sirven de todas las tretas legaloides para apoderarse del territorio de Bacalar. Uno de ellas es el del cobro de los derechos por uso, goce y aprovechamiento de la zona marítimo terrestre, que si bien la Federación le cedió al municipio, el monto de este cobro se hace excesivo y arbitrariamente. 

Cuando le llega a un ejidatario una notificación de pago, se le informa que el monto a pagar es de varios cientos de miles de pesos, porque nunca, ningún gobierno, había buscado sacar raja de este impuesto que por demás es ilegal, en cuanto que se impuso muy, pero muy a posteriori.  

Aquí lo que llama poderosamente la atención es que este cobro no se le hace a quienes tienen hoteles o grandes casas y propiedades a la orilla de la laguna de Bacalar, sino a los ejidatarios que han logrado mantener un pedacito de la laguna, gracias a varias generaciones anteriores, cuando nadie hacía caso a Bacalar. 

Así se obliga a la gente sin recursos a rematar sus predios, puesto que nunca podrán juntar para pagar hasta 20 años de derechos por uso de la zona federal marítimo terrestre. 

Si bien, el gobierno federal faculta, desde el 2014 este cobro, ¿Por qué este gobierno priista sí lo está aplicando?  

Además, el anexo del convenio signado entre la Federación, estado y municipio de Bacalar, claramente señala que los recursos que sean captados por este derecho serán destinados a la vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la citada zona marítimo terrestre federal, así como a la prestación de los servicios que se requieran. 

Sin embargo, en la gran mayoría de esa zona no existe nada de eso, mucho menos servicios como agua potable y alumbrado público. 

Ojalá que las autoridades federales viren a ver lo que ocurre en Bacalar, porque no se vale que un par de vividores busque apropiarse, a la mala, de la tierra de los ejidatarios bacalarenses, por no poder pagar grandes cantidades de dinero. 

Es pues, una versión más del Cártel del Despojo que opera en la zona norte del estado, como resultado de un modus operandis que les enseñó el ex gobernador Roberto Borge, seguido por Carlos Joaquín González, y ahora por el priista de hueso colorado, José Contreras Méndez y su secuas, su tesorero municipal. 

¿Logrará este par adueñarse de todo Bacalar?