Los lapidarios resultados de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas 2016 que realiza el INEGI año con año, exhibieron como radiografía médica el profundo cáncer de la corrupción arraigado en el aparato gubernamental y sus nocivas consecuencias en el nulo desarrollo económico y social en la zona centro y sur de nuestra entidad, principalmente.

El estudio recién revelado por el instituto federal ha sido tema de análisis en espacios ciudadanos y periodísticos, y no es para menos, pues Quintana Roo se ubicó en el vergonzoso primer lugar en materia de corrupción gubernamental, aunque el gobernador Carlos Joaquín González aseguró que en los nueve meses de su gestión se ha reducido la incidencia de actos de corrupción, bajando hasta el lugar 15 en ese ranking de pesadilla. De ser así, esto se verá reflejado hasta la Encuesta 2017.

Los tumores malignos de este cáncer no nacieron de la noche a la mañana, pero se multiplicaron de manera atroz durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, quien en poco más de cinco años llevó a Quintana Roo del lugar 13 al número uno en materia de corrupción en trámites gubernamentales necesarios para la instalación de empresas.

La mayoría de estos casos de corrupción tuvieron lugar en Cancún y Playa del Carmen, donde los cochupos y sobornos para “aligerar” trámites de empresarios e inversionistas son moneda corriente.

Además, por el dinamismo económico de la zona y su crecimiento exponencial, la afectación que produce este mal no es tan acentuada como en los marginados municipios de la zona maya y del sur de Quintana Roo, donde los síntomas del cáncer de corrupción están hundiendo la economía regional.

Testimonios sobran, porque cualquier ciudadano que ha tenido la valentía de emprender un negocio recibe de inmediato un alud de requisitos, licencias, permisos, impuestos, certificaciones y supervisiones de los tres niveles de gobierno, ofreciendo en muchos casos “atajos” para evitar la tramitología a cambio de dinero.

Quienes se niegan a caer en la cadena de corrupción, quedan en la mira de malos servidores públicos que buscan hasta debajo de las piedras pretextos legales para presionar a los empresarios.

La venenosa combinación del excesivo burocratismo –Quintana Roo también está en el top 5 de los estados con más requisitos para abrir negocios– y la desmedida corrupción son la explicación lógica del cierre de cientos de pequeñas, medianas y grandes empresas en el sur de la entidad.