La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo, elaborada con la complicidad de “periodistas” que perdieron su ética y su rumbo, recibió un golpe de muerte con el dictamen de abrogación que fue votado por mayoría, en la sesión 34 de la XV Legislatura, del viernes 15 de diciembre. Pero este logro por la libertad de expresión, apenas inicia un recorrido con la consolidación del enlace estatal, y pondrá a prueba la voluntad de cientos de comunicadores que apoyaron la abrogación, ante la amenaza de llevar a tribunales la decisión del Congreso, que dicho sea de paso, tiene la atribución de crear, reformar, derogar o abrogar leyes, más si éstas no corresponden a los intereses de las mayorías.

Pero lo que para un grupo es un resultado justo, para otro no lo es (el dilema de la democracia). El antiabrogacionista se montó en un capricho: entorpecer el camino de la abrogación con mentiras publicadas en sus diferentes espacios en los medios que aún les mantienen abiertas las puertas, y en redes sociales y en sus recién inauguradas páginas de Internet, donde difundieron, como en los tiempos de Roberto Borge Angulo, ataques sin fundamento, para ocultar la verdadera razón de su actuación: un intento desesperado por defender la abyección a un régimen que ya no los cobija. Hay nostalgia y resabios del pasado en sus mamotretos.

Varios antiabrogacionistas estuvieron (y ahora están, por desgracia) mamando de la ubre del erario. A través de los convenios vieron brillar sus calumnias, debilitando los cimientos de la libertad de expresión, convirtiendo el noble oficio del periodismo, sobre todo el de opinión, en una actividad repudiada por una mayoría silenciosa de la sociedad, que ve a los periodistas como fieles vasallos de grupos en el poder. Perdieron el pudor y principios éticos, y ahora abrazan el cinismo como filosofía de su quehacer, que por fortuna, no es la de varios periodistas.

Lo que sí no han perdido es su intención por llevar a tribunales lo que para ellos es un agravio, es decir, la abrogación de una ley de la que presumen trabajaron en su elaboración. Su estrategia ya anunciada, se basará en preceptos constitucionales, como los derechos humanos.

En ese estado de cosas, hay que mirar hacia adelante. Ya hubo la iniciativa de la Federación y del estado por presentar el enlace estatal en Chetumal y Cancún, eventos en los que se dio una amplia explicación de cómo opera la protección de periodistas, en estos tiempos en que hay más amenazas y agresiones, como resultado de la impunidad y la corrupción.

Mirar hacia adelante, como un imperativo del oficio. Federalizar los delitos contra periodistas, como objetivo principal de ese imperativo. Es un interés que al final comparten los dos bandos para que dejen descansar en paz una ley que fue creada para legitimar a un gobierno represor de la libertad de expresión, en momentos en que pesaba sobre él fuertes críticas de la opinión pública nacional por clonar revistas, atacar sitios y encarcelar y amenazar a quienes disintieron de su política que hoy ya se sabe, fue basada en la compra de conciencias.