México es un país con una composición pluricultural de contrastes. Por un lado, la sociedad urbana caracterizada por la cultura moderna, y por el otro, la sociedad rural mayoritariamente indígena dispersa en gran cantidad de poblaciones pequeñas en su mayoría excluida de las oportunidades de desarrollo.

El 28% de la población vive en ciudades mayores de 500 mil habitantes (36 ciudades) el 25% en ciudades entre 50 y 500 mil habitantes (180); el 24% en poblaciones entre 2.5 y 50 mil habitantes (3,435 poblaciones). El resto, equivalente al otro 23%, vive en comunidades rurales pequeñas, menores de dos mil 500 habitantes (más de 50 mil poblaciones).

Los habitantes de las zonas rurales, aunque están dispersos en poblaciones pequeñas, en su conjunto representan una cifra considerable, casi la cuarta parte del total.

Sin embargo, a pesar de los programas que el gobierno ha destinado a este segmento poblacional, es evidente que se ha acentuado la desigualdad social y territorial asociada a severa disminución de su ingreso real.

La pobreza y la marginación en México siguen siendo la gran deuda social del gobierno. Muchos proyectos han fracasado en la inclusión de los habitantes de las zonas rurales pues han sido elaborados para mantener el control electoral en lugar de favorecer un desarrollo real.

Los mexicanos exigen, cada vez más, proyectos que respondan a las necesidades de los grupos menos favorecidos que durante años han estado fuera de las oportunidades de desarrollo.

Es momento de que partidos y candidatos tomen conciencia de la responsabilidad que adquieren al asumir el poder, mediante un desempeño adecuado de la administración pública con el fin de satisfacer real y oportunamente las necesidades de la población, que se traduzca en una mejor calidad de vida para los gobernados.

Mientras el objetivo de los programas sociales siga siendo el control electoral, estaremos condenados al subdesarrollo, a la pobreza y marginación de miles de familias mexicanas.