La crisis del COVID ha acentuado el deterioro de la economía vía despidos o precarización de los puestos de trabajo, por lo que es necesario implementar reformas que ayuden a estabilizar este sector, coinciden especialistas consultados por Expansión.

 

En la justificación de la iniciativa, el presidente López Obrador dijo que pretende “poner orden” a la subcontratación laboral que se calcula afecta al menos a 4 millones de trabajadores. La norma busca regular tres figuras: la subcontratación de personal, los servicios y obras especializadas, y las agencias de colocación. Para las empresas que incumplan, habrá sanciones.

 

A continuación, le presento lo bueno, lo malo y lo feo de esta iniciativa que aún debe ser aprobada por el Congreso para que sea válida en el país.

 

LO BUENO. El principal beneficio de la iniciativa de reforma tiene que ver con una mejora de las condiciones laborales en México, así como certeza jurídica para los trabajadores:

 

1. “Va a haber certidumbre o certeza jurídica para los trabajadores de saber quién es realmente su patrón”, comentó Juan Cristóbal Ibáñez, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana (UP).

 

1. "Los trabajadores van a tener plena certeza de cuáles son sus prestaciones y cuál es su salario; también que estarán inscritos en el Seguro Social con su salario real. Muchas veces estas empresas fueron utilizadas para simular actos y para disminuir las cuestiones de seguridad social, tanto en el IMSS como en el Infonavit”, agregó.

 

1. “Los trabajadores van a acceder a trabajos mejor remunerados, con mayores prestaciones, van a tener mayor certeza jurídica, en términos de sus relaciones laborales, que eso es sumamente importante”, señaló por su parte Jiménez Bandala.

 

“Ahora los trabajadores carecen de esa certeza porque en muchas ocasiones desconocen cuál su empleador o su patrón. Esto genera muchísimos problemas ya sea para exigir alguna prestación, como el Seguro Social, e incluso para pelear sus derechos ante la Junta de Conciliación y Arbitraje”, dijo.

 

1. “La ley pretende mejorar la distribución del ingreso. Actualmente esa riqueza está acaparada hasta en un 70% u 80% en algunas ramas de la economía por quien ostenta los medios de producción, -las empresas-, y se reparte en un 17% o 20% a los trabajadores. Esto no sucedía así, se le dio la vuelta en el modelo 'neoliberal' porque anteriormente la parte que le tocaba a los salarios era casi del 40%”, comentó el profesor de La Salle.

 

LO MALO. Entre los puntos de especial atención se encuentra en distinguir entre el outsourcing que cumple con todas las regulaciones y el que no. De ahí la necesidad de un análisis profundo y conjunto entre el gobierno y la iniciativa privada para no afectar la de por sí castigada economía mexicana.

 

“La prohibición de esta reforma para contratar personal bajo esta modalidad es que va a haber una afectación de carácter económico porque muchas empresas no van a querer generar empleos porque van a tener la obligación de tener a los trabajadores que ahora tienen bajo outsourcing. Entonces, esto puede tener una implicación en la no generación adecuada de empleo”, advirtió Cristóbal Ibáñez, de la UP.

 

“Se tiene que salir un análisis muy claro para distinguir donde el outsourcing no está otorgando estas prestaciones, es decir, el outsourcing en sí, por su propia concepción no es malo, sino que se tiene que distinguir a las empresas que están cumpliendo con esas obligaciones y las que no. Será importante que esta iniciativa tenga un profundo análisis tanto en el Poder Legislativo como en el sector privado para evitar que se generalice que todo el outsourcing es malo”, subrayó José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico (IDIC).

 

En ese sentido, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) externó su “sorpresa y preocupación” por la iniciativa: “Tal como está planteada la propuesta desalienta la creación de empleos y pone en riesgo miles de puestos de trabajo, lo que agravaría la frágil situación económica de nuestro país debido al escaso crecimiento y los efectos de la pandemia de Covid-19”, aseguró el organismo en un comunicado.

 

“En la AMECH siempre hemos trabajado en colaboración con las instancias gubernamentales, por lo que comenzaremos el trabajo conjunto de revisión de la iniciativa y generación de propuestas alternativas que puedan enriquecer el proceso legislativo”, externó por su parte la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano en un comunicado.

 

Tanto el CCE como la AMECH hicieron un llamado al Poder Legislativo para iniciar un proceso de parlamento abierto para discutir esta iniciativa de reforma.

 

“Estaremos muy involucrados en los procesos de revisión que siguen conforme a la ley, buscando que se logre que: a) Sirva para incrementar el empleo formal y que no haga que aumente la informalidad que ya es mayoría en el país. b) Combata realmente la simulación, elusión y evasión fiscal que hacen pagadoras, factureros, algunas cooperativas y sindicatos. c) Dé mayor seguridad y calidad en el empleo a los trabajadores, ya sea que estén actualmente contratados por outsourcing, insourcing o sean empleados directos. d) Sirva para regular, pero no para sobre regular la prestación de los servicios especializados de personal. e) Facilitar la entrada al mundo del empleo formal a los grupos”, detalló la AMECH.