Laura Fernández Piña quedó fuera de la jugada por la resolución de un juzgado que la inhabilita por 20 años en el servicio público y la obliga a indemnizar casi 79 millones pesos por abuso grave de funciones durante su periodo 2018-2021 como presidenta municipal de Puerto Morelos. Es un golpe durísimo a la también ex candidata a la gubernatura, que desafió a la 4T en 2022.

La sentencia se conoció recientemente, aunque la investigación administrativa surgió en 2021, en el marco del proceso entrega-recepción, cuando Blanca Merari asumió la presidencia tras ganar con creces en su municipio natal. A la postre, también logró la reelección, el año pasado. El tiempo y las victorias le permitieron dar continuidad a las indagatorias hasta las consecuencias actuales, que no acaban, porque se ha reservado el derecho a su Ayuntamiento para repetir acción contra la acusada.

Le salió caro no pagar las cuotas obrero patronales durante un periodo específico señalado en las carpetas: de enero de 2020 a septiembre de 2021. Las consecuencias están a la vista. En el contexto surgen más acusaciones, que tendrán que probarse ante las instancias competentes.

Hace meses se viene comentando en círculos políticos que Fernández Piña buscaría su revancha en las urnas. Se dijo que pretendía reagrupar para buscar “algo en 2027”, año de grandes comicios, pero las sanciones no brindan margen a maniobra política: está fuera de la jugada. Una de las órdenes impuestas es inscribir la sanción en el Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados.

En Puerto Morelos superaron la crisis. La administración 2021-2024 encaró la quiebra técnica y resolvió dos de las tres megadeudas, y la tercera está en vías de solución. Es lo importante. En esa gestión se avanzó con obras, programas sociales y promoción turística gracias a la estabilidad financiera obtenida. La administración 2024-2027, también de Blanca Merari, ha anunciado más avances en materias estratégicas.

Lo judicial, que siga su curso.

Desorbitado

En otro tema, se supo que la Auditoria Superior del Estado detectó inconsistencias por 174 millones de pesos en Solidaridad durante la gestión de Lili Campos, de 2021 a 2024. Se detalló que ese Ayuntamiento presentó las mayores irregularidades. La administración actual de Estefanía Mercado desarrolla más investigaciones.

Es un asunto para no perder de vista. Habría más consecuencias.