A tan sólo unos días de solicitar licencia para lanzarse de lleno a su precampaña rumbo a la reelección, la alcaldesa de Playa del Carmen, Cristina Torres Gómez, se lanzó en una necesaria ofensiva contra la poderosa empresa concesionaria de la distribución del agua potable en ese municipio, Aguakan, a la que prometió revocarle el contrato antes de abandonar Palacio Municipal. 

Para la alcaldesa aliancista la permanencia de la polémica empresa se ha convertido en un lastre para sus aspiraciones de mantenerse en el gobierno municipal por nuevo periodo de tres años, ya que la revocación de la concesión fue una de sus principales banderas de campaña. 

Pero Aguakan mantuvo sus operaciones normales durante año y medio, y aunque Cristina Torres amagó en un par de ocasiones contra la empresa nunca hubo una intención real de tirar la concesión, sobre todo por un impedimento económico.

Y es que Aguakan pagó al gobierno del estado nada menos que mil 080 millones de pesos para adquirir el negocio del agua potable en Solidaridad con la infraestructura de la CAPA, dinero que en caso de ser roto el contrato tiene que ser repuesto a la afortunada empresa.

El problema es que esos más de mil millones se esfumaron de las arcas de la Comisión de Agua Potable (CAPA) durante la administración de Roberto Borge Angulo, y aunque actualmente hay dos ex funcionarias encarceladas por ese y otros presuntos delitos, el dinero no será recuperado. 

El Congreso local ya se lavó las manos y dijo que el municipio debe hacerse responsable si quiere cancelar la concesión, y el gobierno estatal aún arrastra una pesadísima estela de añejas deudas heredadas por el borgismo depredador.

Aún con ese enorme inconveniente, la alcaldesa de Solidaridad arremetió en los últimos días contra Aguakan amenazando con presentar una solicitud formal de revocación el próximo 15 de febrero ante la CAPA, unos cuantos días antes de solicitar licencia. 

Para Cristina Torres el asunto es escabroso, pues sabe que los votantes le recriminarán el no haber cumplido esa promesa poniendo en riesgo su reelección, por lo que se está jugando el todo por el todo al denunciar a Aguakan con todas las pruebas del incumplimiento de contrato en que ha incurrido la empresa; la razón está de su lado, pero la empresa no se irá con las manos vacías al perder una jugosa concesión con 50 años de vigencia.