Una pesada tarea tienen en las manos el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, José Antonio León Ruiz, y la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Catalina Portillo Navarro, ante la inminente desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, cuyas funciones serán absorbidas en breve por el Poder Judicial y sus tribunales laborales en gestación, pues tendrán que abatir en tiempo récord el enorme rezago que arrastran para estar en condiciones de cumplir con la ley.

Y es que tanto el Tribunal Superior como las Juntas de Conciliación, toda proporción guardada, tienen una masiva cantidad de expedientes empolvados e irresueltos que ahora tendrán que desahogar el próximo año, misión que de entrada luce imposible pues en la última década este abultado rezago no ha hecho sino crecer. 

Desde que tomó las riendas del Poder Judicial el pasado septiembre, el titular del Poder Judicial reconoció la existencia de un rezago excesivo de expedientes del antiguo sistema penal más los que se han acumulado en el nuevo sistema, y aunque no dio cifra exacta, comentó que tan solo en Playa del Carmen existían alrededor de mil 600 procesos activos, 600 sentencias por dictar y 600 órdenes de aprehensión pendientes, todos estos del antiguo sistema. 

El tema es abrumador, pues según algunas estadísticas extraoficiales alrededor de siete de cada 10 presos en las cárceles quintanarroenses no cuentan con sentencias, así que la cifra total puede ser tres o cuatro veces mayor.

Por su parte, Catalina Portillo ya anticipó que antes de desaparecer las Juntas de Conciliación tendrán que terminar con todos los expedientes rezagados, lo que podría tomar hasta dos años según sus cálculos. 

Pero es más fácil decirlo que hacerlo, pues los pendientes acumulados se cuentan por cientos en cada una de las Juntas, que no son conocidas por su alta eficiencia.

Con el tic tac avanzando hacia febrero de 2018, fecha en la que entrará en vigor la Ley que da vida a los nuevos tribunales laborales, ambos funcionarios tendrán que ponerse a trabajar en serio para cumplir con el apretado cronograma.

Antonio León aseguró recientemente que la meta del Tribunal es acabar en un año con el rezago de una década, para lo cual está impulsando un programa emergente, mientras Catalina Portillo dio un plazo de dos años a las Juntas de Conciliación para acabar con sus pendientes.

El riesgo es que con las prisas tomen los juicios a la ligera y caigan en injusticias que afecten a los enjuiciados.