En medio del tenso conflicto entre los sindicatos de taxistas de la entidad y la controversial empresa trasnacional Uber, finalmente el Congreso local dio entrada a una Ley de Movilidad que contempla, entre otras cosas, legalizar a las nuevas empresas digitales por medio de un marco regulatorio que les brinda la posibilidad de prestar el servicio de transporte privado con un permiso especial del gobierno estatal. 

Dicha ley estuvo en el horno por varios meses, pues casi desde tomar posesión el diputado local del PAN, Fernando Zelaya Espinoza –presidente de la Comisión de Transporte–, aseguró que era urgente regular el servicio de transporte público y privado, no sólo por el caso Uber, sino por los constantes pleitos entre trabajadores del volante de diversas agrupaciones.

Como se ha hecho con casi todos los temas de importancia en la actual Legislatura, esta importante iniciativa transitó un engorroso viacrucis que incluyó trabajo en comisiones, foros ciudadanos y una temporada en la congeladora, pero su entrada al pleno fue precipitada por el reciente escándalo que detonó tras la muerte de un taxista, arrollado en Cancún por un vehículo desconocido mientras agredía a un chofer de Uber, en una escena que se ha vuelto común en ese polo turístico. 

Ante la presión pública, el gobierno estatal urgió a la regularización de Uber y otras plataformas similares para terminar con los conflictos, guiño que fue captado y acatado de inmediato por los legisladores que sacaron del archivo la iniciativa de Ley de Movilidad, que según el propio Zelaya Espinoza estaba lista desde el pasado junio. 

La Ley de Movilidad propone, además de la regularización de las plataformas digitales de transporte mediante un permiso especial otorgado por el gobierno estatal por periodos de diez años, la creación del Instituto de Movilidad, que se encargaría de entregar las licencias de todo tipo y documentación vehicular, además de fungir como un órgano receptor de quejas ciudadanas relacionadas con servicios de transporte.

La entrada de esta ley, que todavía pasará por comisiones y después será sometida a la aprobación de los diputados, fue recibida por los taxistas con multitudinarias manifestaciones en Cancún, Playa del Carmen y Tulum, como primer amague de los chafiretes que insisten en su exigencia de cerrarle la puerta a Uber en Quintana Roo, una batalla aparentemente perdida para los taxistas obligados a la competencia agresiva.