“¡Hay que matarlos a los hijos de pu…!, es en serio, hay que matarlos. Somos más de 50 mil taxistas en todo el estado, tenemos dinero para pagarlo, ¿cuánto vale la vida de esos hijuepu…?, a ver si es cierto que con 10 hijuepu… muertos, a ver si siguen”.

Esta arenga criminal no fue sacada de un guión de película sangrienta; tampoco fue pronunciada por sicarios o miembros de algún cartel de la droga, aunque tiene los mismos elementos de violencia y criminalidad, no.

Estas amenazas fueron pronunciadas por un taxista de Cancún en una asamblea con miembros de su sindicato y delante de su recién electo líder sindical, Eric Castillo Alonzo, y del dirigente estatal del Frente Único de Trabajadores del Volante, Eduardo “Wato” Peniche, contra operadores de la plataforma Uber.

Sorprendentemente, las intenciones asesinas del taxista fueron recibidas con aplausos atronadores y sonrisillas de aceptación de los dirigentes que tardaron en comprender la gravedad del hecho, captado en video por otro taxista y difundido en las redes sociales donde el material se volvió viral.

Porque ese video incrimina directamente al socio con alma de sicario e indirectamente a los dirigentes de taxistas de Cancún en un delito, según el Código Penal para el Estado de Quintana Roo.

Este establece en su capítulo IV, artículo 123 que “Al que por cualquier medio amenace dos o más veces a otro con causarle un daño en su persona, bienes o derechos, o en la persona, bienes o derechos con quien el ofendido tenga algún vínculo, se le impondrá de seis meses a un año de prisión o trabajo en favor de la comunidad hasta por seis meses”.

Por otra parte, el Artículo 132 impone penas de dos a cuatro años de prisión “al que por razón de género, edad, raza, estado civil, orientación sexual, idioma, ideología, discapacidades, condición social, condición de salud, religión, origen étnico o nacional, embarazo, trabajo o profesión” provoque o incite al odio y la violencia.

Basta con que la empresa Uber presente una querella —y seguramente lo hará— para obligar a la Fiscalía a actuar contra el taxista amenazador y los dirigentes para el deslinde de responsabilidades en el peor de los momentos, justo cuando los sindicatos cabildean con el Congreso local ajustes a su favor en la Ley de Movilidad estatal.

El mensaje de violencia fue lanzado precisamente por prestadores de servicios de Cancún, nuestro polo turístico estrella que lucha por sacudirse una campaña negra que afecta su deslumbrante imagen.