Relegados a lo profundo de la banca como jugadores de quinta categoría, destacados abogados del sur del estado que decidieron probarse en la cancha del Congreso local para formar parte de la quinteta titular del Tribunal de Justicia Administrativa se quedaron con las manos vacías, pues ni siquiera uno llenó el ojo de los electores para convertirse en magistrado. 

El trago amargo para estos profesionistas y las agrupaciones de abogados del sur sin poder ni representatividad fue atroz, y las reacciones del desencanto se dejaron sentir en las redes sociales donde la reprobación a la decisión de los legisladores fue lapidaria.

Y es que en el Congreso local siguen sin medir la temperatura de la ira creciente de los chetumaleños, que a pesar de haber sido el factor desequilibrante para que el PRI perdiera los hilos del gobierno estatal y de la Legislatura han sido tratados como los malos de la película, con cada vez menos espacios y presencia dentro de la estructura burocrática y puertas cerradas al por mayor. 

Ahora no fue diferente, ya que en la lista de 75 aspirantes definida por la Comisión de Anticorrupción al menos 30 candidatos eran del sur, pero al final ninguno llegó a la meta soñada y recibieron el indeseable “gracias por participar”. 

En cambio los diputados entregaron las magistraturas a los abogados cancunenses Alfredo Cuellar Labarthe –abogado representante de la empresa First National Security, envuelta en la polémica por el decomiso de cajas de seguridad– e Isabel González Glennie, abogada del movimiento “Salvemos Tajamar”; a los playenses Mónica Valencia Díaz y Antonio Sánchez Urrutia, miembros de la influyente Barra de Abogados de la Riviera Maya, y a Fernando Gama Rodríguez, cuyo nombramiento está tambaleante después de que se supo que hasta el 2015 fue funcionario público de la delegación Naucalpan en el Estado de México, por lo que no cumpliría con el requisito de arraigo. 

El desprecio a los sureños quedó confirmado con la votación unánime de los diputados que avalaron la polémica designación de estos magistrados, lo que nuevamente puso al Congreso en una situación incómoda. La Diputación Permanente la integran los panistas chetumaleños Fernando Zelaya Espinoza y Mayuli Martínez Simón, acompañados por el exalcalde capitalino Carlos Mario Villanueva Tenorio, de Encuentro Social. 

Vaya que nuestro Congreso dejó escapar la oportunidad de lavarse la cara tras su cuestionado desempeño en la elección de los titulares de los órganos de control y del Fiscal Anticorrupción.