Hablando de elecciones y resultados
El Instituto Nacional Electoral (INE) cuenta con el Consejo General que es el máximo órgano de dirección...
El Instituto Nacional Electoral (INE) cuenta con el Consejo General que es el máximo órgano de dirección del Instituto, es el responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto. Está integrado por un Consejero Presidente, un Secretario Ejecutivo, 10 Consejeras y Consejeros Electorales, Consejeros del Poder Legislativo y representantes de los partidos políticos.
La credencial de elector representa el medio de identificación oficial “más seguro para las y los mexicanos”, desde su expedición por primera vez con fotografía en 1992, se ha venido perfeccionando en cuanto a sus características de seguridad, materiales y costo.
Los protocolos de seguridad de la información contenida en la credencial impiden que sea mal utilizada: por ejemplo, para poder participar en una elección local o federal, los datos de la credencial para votar deben coincidir con la información de la Lista Nominal de Electores.
El Servicio de Verificación de Datos de la Credencial para Votar es una herramienta del Instituto Nacional Electoral que utilizan instituciones bancarias, gubernamentales y académicas para cotejar –en tiempo real– la información concerniente a las ciudadanas y los ciudadanos en términos de su vigencia y autenticidad.
Entonces porque “se ha dicho” o “conocido” que el Instituto Nacional Electoral, bloqueó muchas credenciales de electores porque el Instituto había cometido errores al escribir incorrectamente los apellidos o datos de algunos electores.
También se dijo que en algunas votaciones utilizaron hasta nombres y credenciales de personas fallecidas pero que las manipularon para beneficio de un partido o de otro partido, así como también hubo muchas personas que no pudieron votar ya que no aparecieron en las listas electorales, aquí la pregunta o la incógnita es cómo es explicable o cómo es entendible que en las últimas elecciones hayan ganado con 30 millones de votos, una cosa es que el voto sea libre y secreto en el momento de elegir y otra muy diferente cuando ya se llevaron a cabo las elecciones, esa información inmediatamente debe de publicarse y hacerse del conocimiento por derecho, ya que de esta manera se evitan fraudes o manipulaciones como las que en muchos lugares se han cometido, así y luego entonces, tenemos que ver los que creemos en una democracia, cómo podemos saber la veracidad de los resultados ya que somos los que hemos confiado que esté sistema de votos y de registros es limpio, claro y transparente.
Los delitos electorales son aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible.
Estas conductas están contenidas en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, y contemplan sanciones para el caso de ser cometidos.
En el ámbito federal, la Fepade es la autoridad encargada de investigar y perseguir los delitos electorales para garantizar tus derechos.
Las elecciones tienen que ser cien por ciento independientes ya que no se puede permitir que partidos en el poder o fuera del poder abusen del sistema.
Se tiene que verificar la honorabilidad, responsabilidad, integridad y nivel académico certificado de las integrantes de estas instituciones para que puedan cumplir con sus obligaciones.
Cuanto paga el gobierno actual por publicidad oficial
Del total del monto erogado en 2019, cinco de 564 medios de comunicación concentran el 40% de los recursos, es decir poco más de mil 253 millones de pesos.
*Según las cifras definitivas del Sistema de Comunicación Social (Comsoc), que publica la Secretaría de la Función Pública (SFP), en 2019 se presupuestaron 5 mil 212 millones de pesos para publicidad oficial. Sin embargo, de acuerdo con las cifras definitivas del Comsoc el gobierno federal gastó durante 2019 un total de 3 mil 245 millones de pesos, dejando de ejercer cerca de dos mil millones de pesos. Si bien, el monto ejercido en 2019 representa alrededor de una tercera parte del gasto ejercido durante el primer año de Peña Nieto (9 mil 632 mdp) y poco más de la mitad de Calderón (7 mil 381 millones de pesos), preocupa que se mantenga las malas prácticas al momento de ejercer este gasto.
*La ausencia de reglas claras para la asignación y distribución de la publicidad oficial es un tema pendiente en la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aún con la Política de Comunicación Social presentada el 17 de abril del 2019, persisten los vicios y malas prácticas como la concentración y discrecionalidad en la asignación presupuestaria y la desigualdad en la distribución. Una organización independiente y apartidista y otra organización de la sociedad civil plural e independiente insisten en la abrogación de la Ley General de Comunicación Social para acabar con vacíos y malas prácticas que históricamente han contribuido a vulnerar la libertad de expresión y el derecho a la información.
*El gasto en publicidad oficial sigue altamente concentrado. Del total del monto erogado en 2019, cinco de 564 medios de comunicación concentran el 40% de los recursos, es decir poco más de mil 253 millones de pesos, lo que significa que las viejas prácticas continúan repitiéndose, La concentración del gasto es una práctica constante en los últimos gobiernos. Asimismo, de las 117 instituciones del gobierno federal que destinaron gasto para publicidad oficial en el 2019, tres de ellas concentraron el 67%, es decir, poco más de 2 mil 170 millones de pesos.
*Si bien el presidente López Obrador se comprometió a través de su política de austeridad y combate a la corrupción a disminuir en un 50% el gasto de publicidad oficial, lo cierto es que las malas prácticas no han cambiado. Al contrario, han originado desigualdad y brechas entre los medios de comunicación que aspiran a beneficiarse a través de la publicidad oficial. De igual forma preocupa la falta de planeación del gasto ya que puede derivar en la ineficiencia y también, aleja los contenidos publicitarios de aquellos de interés general. De acuerdo con la información que emite la SFP, de los 3,246 millones ejercidos 2,720 millones se gastaron únicamente en diciembre, es decir, el 83%; y 306 millones, el 9% en noviembre. Más del 90% del gasto se encuentra concentrado en los últimos dos meses de 2019.
Ambas organizaciones recuerdan que precisamente en un contexto de alta conflictividad social como lo es el que estamos viviendo en este momento, en donde la salud y la economía de las personas se encuentran en desbalance, es precisamente el momento en el que la información se vuelve un elemento esencial para garantizar certidumbre, evitar el caos y promover el desarrollo. En este sentido, es importante que el gobierno planee de manera estratégica el gasto de publicidad oficial a fin de que la comunicación social logre acompañar a los ciudadanos en la toma de mejores decisiones para su bienestar y desarrollo.
El gobierno federal y el titular del Ejecutivo deben tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho de la población a estar debida y oportunamente informada, recordando que la correcta regulación de la publicidad oficial es hoy más que nunca necesaria. Las organizaciones han insistido en la necesidad de abrogar la actual Ley General de Comunicación Social y dar pie a una nueva discusión para la creación de una ley que regule los vacíos y malas prácticas, principalmente a través de la definición de criterios claros, objetivos y transparentes para la asignación de la pauta; así como de mecanismos de planeación, control y evaluación del gasto.
Este gasto es lo que no nos ha quedado muy claro ya que se supone no se puede utilizar el dinero del pueblo para cubrir gastos de transmisión como el “de la mañanera” tal como están siendo utilizados por un partido para su beneficio político.
Esto no puede ser permitido para ningún partido porque eso no da equilibrio ni equidad para que sea igualitaria la posibilidad de participación en medios de propaganda para que pueda considerarse o llamarse justa.
Aquí lo interesante sería que nos demostraran cómo es que llegaron al exacto número de 30 millones de personas que votaron por el actual gobierno, quienes fueron, en dónde votaron y con que se identificaron porque si esto no es verificable tampoco puede ser aceptable que el partido que dice que ganó haya sido por haber sido electo por los actores políticos del mismo.
Entonces tenemos que echarle una buscadita a esto para que podamos los mexicanos conocer que no hubo manipulaciones que favorecieron a “transas” y para poder decir que el sistema pueda ser cien por ciento verificable.
Hablando del Tren Maya y sus pendientes
Resulta que el director de la obra del Tren Maya, que sigue siendo ilegal porque no ha tenido la aprobación de los pueblos mayas, haya sido nombrado para dirigir Fonatur por su “compadre” el presidente.
Fonatur todavía debe cantidades enormes a ejidatarios porque no se les ha pagado un solo centavo, ni tampoco se les ha aclarado como se han estado llevando a cabo las encuestas para la realización del proyecto ya que todo este tipo de acciones deben ser cubierta por la prensa tanto nacional como internacional y así evitar que siga sucediendo más de lo mismo.
Y como quedó muy claro cuando dijo que no iba a haber nepotismo, ni preferencias, ni tráfico de influencias, sería bueno que justifique porque un “compadre” del presidente llegó a ocupar el puesto que tiene y pueda pensarse que está capacitado para atender una obra de tal envergadura, ¿es por su preparación o por su compadrazgo?
E aquí algunas razones que nos ayudarán a ver de forma más clara que es lo que están ofreciendo a los ejidatarios de los terrenos para la obra del Tren Maya.
Acusan a Fonatur de presionar a ejidatarios para 'sumarse' al Tren Maya
Fonatur ha presionado de distintas formas a los ejidos para “sumarse” al Tren Maya, como en los casos de los ejidos Bacalar, Tulum y Cobá, en Quintana Roo, a los cuales se les ha requerido aportar mil hectáreas a cada uno al proyecto, a cambio de hacerse “socios”, acusó el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.
En los tres casos, aseguró el CCMSS, las autoridades ejidales han expresado que el ejido no está de acuerdo en ceder tales extensiones de sus tierras y, ante ello, Fonatur les ha advertido “que no hay tren” e incluso que podrían modificar el trazo del mismo.
Ante esto, varias comunidades ya han recurrido a amparos contra la ejecución del proyecto.
Si una autoridad del Poder Judicial, un juez, un magistrado, ordena detener las obras del Tren Maya, éstas pararán, afirmó la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque consideró que tiene ‘tintes políticos’ la suspensión provisional contra los trabajos en el tramo 1, el cual va de Palenque a Escárcega.
El proyecto Tren Maya busca que los territorios rurales que hoy están en manos de comunidades campesinas e indígenas -que por siglos los han resguardado y manejado-, queden sin la presencia y custodia de su población originaria, facilitando la incorporación de las tierras y bienes naturales al desarrollo de actividades extractivas y al mercado inmobiliario, aseguró el CCMSS.
Así mismo, apuntó que este proyecto “pretende detonar un fuerte proceso de proletarización de la población rural, buscando que los campesinos e indígenas que hoy se auto emplean en sus tierras conformen una población urbanizada con escasas opciones de reproducir su cultura y tejido comunitario, orillada a emplearse en el nuevo orden forjado para la Península de Yucatán”.
Con este proyecto, sostuvo el CCMSS, el estado busca la llegada de grandes inversiones a la región, bajo el supuesto de que el empleo asalariado es la mejor forma de atacar la pobreza y la marginalidad.
El porcentaje de población con “empleo asalariado” se incrementaría notablemente, como ha sucedido antes, sin embargo, esta apuesta se sustenta en un proceso de desposesión y despojo de las tierras de las comunidades, generando las condiciones para acentuar un modelo que concentra la riqueza y permite a grandes empresas y corporativos de las finanzas, la agroindustria, el turismo y el sector inmobiliario acumular capital y perpetuar su dominio.
Todo ello en la Península de Yucatán, donde el 46.9% de la población se identifica a sí misma como maya.
Este proceso de desruralización, señaló el Consejo, “impacta negativamente a las comunidades indígenas y campesinas debilitando su gobernanza y capacidad institucional, así como vulnerando sus cimientos para la reproducción de la vida y la protección de los territorios”.
“La proletarización de la población rural representa oportunidades para que las empresas accedan a una fuente de mano de obra barata y encuentren vías simples para acceder a la tierra y a los bienes naturales, condición sin la cual el capital no podría expandirse”, anotó.
Para que esto sea una realidad todo lo que acuerden tiene que estar certificado por notarios públicos para que se protejan los intereses de los ejidatarios y así no se vuelvan a burlar de ellos, así como también para evitar que comercialicen esos terrenos de otra manera.
“Arsenal (Excelsior)”
“Suena bien que el presidente admita que las autoridades en los tres niveles de gobierno están obligadas a actuar de manera coordinada, sin atender banderas partidistas”.
“Mucho mejor que esa disposición se haya acompañado de hechos. La SHCP transfirió, en los primeros días de julio, 20 mil millones de pesos a las entidades federativas. De ese total, 20% corresponde a los quebrados municipios”.
“Ojalá no sea llamarada de petate y su gobierno sea menos excluyente”.
“*Suena mal que el primer mandatario descalifique a una treintena de periodistas e intelectuales que publicaron un desplegado en el que advierten:
““Hay una asfixia del pluralismo, en aras de someter al Poder Legislativo a los dictados de Ejecutivo”.
“Y llaman a la construcción de un frente electoral en 2021 para evitar que Morena y aliados retengan la mayoría en la Cámara de Diputados”.
“Este tipo de manifestaciones son normales en una democracia, pero no son del gusto de AMLO”. “En su respuesta, el presidente "MA metió a todos “los abajo firmantes” en el mismo saco”. ““Sólo buscan restaurar el antiguo régimen caracterizado por la antidemocracia, la corrupción, la desigualdad” aseguró”.
“Y celebró: “¡Por fin se están quitando la máscara!”. “El desplegado lo firman, entre otros, Héctor Aguilar Camín, Roger Bartra, Agustín Basave, Jorge Castañeda, Julio Frenk, Enrique Krauze y Soledad Loaeza”.
“También María Marván, lan Meyer, Beatriz Pagés, Jesús Reyes Heroles, Enrique Serna, Javier Sicilia y Gabriel Zaid”.
“*Suena peor que el presidente quiera castigar abusos del pasado sacrificando la soberanía en materia de salud”. “Es lo que hace cuando anunciamos modificaciones a la Ley de Adquisiciones para que se puedan comprar en el extranjero 60 mil millones de pesos en medicamentos para 2021”.
“Esa compra, que equivale al 80% del abastecimiento de medicinas en el sector público, no sólo deja fuera del mercado a la industria farmacéutica mexicana, sino que nos aleja a años luz de la citada soberanía”.
“Hay tiempo para la reflexión. Imagínese una segunda ola del Covid-19 en 2021, en la que muchos países se disputen los medicamentos. Ya lo vivimos. No queremos volver a vivirlo”.
Reflexiones
En México estamos enfrentando una verdadera crisis en lo económico, lo político y lo social por lo que en estos momentos el actual gobierno tiene pánico de que la oposición sea una mayoría en la Cámara de Diputados y en la de Senadores porque acabaría con su ventaja.Así mismo también estamos viendo el aumento de pobres, ya que no se ha cumplido nada de lo que este señor prometió, entonces ahora es el partido de las falacias y la desesperanza.
Así mismo ahora tiene la idea de aplicarle amnistía a todos los reos que ya fueron juzgados y sentenciados, es por ello que no entendemos cuál es la paradoja de que se haya creado una Guardia Nacional, con qué objetivo si no es la de disminuir la delincuencia.
Entonces en qué cabeza cabe que los Senadores piden que se amplíe esa acción para que se liberen a toda esta bola de verdaderos delincuentes, como por ejemplo la liberación de Esther Gordillo, eso demuestra la posible existencia de asociación delictuosa del actual gobierno sea de gobernadores y presidentes municipales quienes pretenden acabar con el estado de derecho liberando a todos estos nefastos personajes y eso es algo que no puede ser aceptado por nada ni nadie, esto no es aceptado por ningún país en el mundo que respete el estado de derecho.
Y a los delincuentes de delitos menores sería bueno se les pusiera un brazalete para que así siempre se tenga la ubicación de estas personas “no gratas a la libertad” ya que es un derecho que ellos perdieron porque son unos desgraciados malditos.
Hablando de Amnistía e incremento de las situaciones en el país
El gobierno de la Ciudad de México prevé la liberación de 800 personas que se verán beneficiadas por la Ley de Amnistía, hasta ahora 260 personas han logrado su libertad.
En el Estado de México el Poder Judicial del estado empezó con la liberación de 88 personas en el penal de Ecatepec y se prevé que haya otras 248.
Además en el Estado de México se ha otorgado la libertad condicional a 1,835 reos, quienes están obligados a portar brazaletes electrónicos para su localización, se estima que esta cifra alcance las 3,000 personas.
En México hay 19 prisiones federales de alta seguridad con cerca de 17,000 reclusos y 309 cárceles estatales con unos 176,000 encarcelados.
Se anuncia que 50 presos sean liberados en el estado de Guanajuato. La Ley de Amnistía aplicará para las mujeres que están encarceladas por haber abortado, también para aquellos que cometieron delitos contra la salud y quienes cometieron robo simple, sin la utilización de armas, ni violencia. Así lo detalló el Magistrado Presidente Supremo del Tribunal de Justicia.
Con estas liberaciones debemos de tomar en cuenta cuanto va aumentar o variar la delincuencia, el nivel de secuestros, asesinatos y crímenes porque no puede ser bien visto por ningún estado que es libre y soberano, que los “dipituados” y “dipituadas” ejerzan opiniones sobre algo que nos les compete.
Por lo pronto los homicidios en México alcanzan niveles récord en los primeros cuatro meses 2020, donde se registraron 11,535 asesinatos, frente a los 11,266 homicidios del mismo período del año pasado, según mostraron datos preliminares de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y por otra parte hasta el mes de abril se tenían registrados 314 feminicidios.
Debe quedar bien claro que no es factible, ni aceptable, que el presidente trate de influenciar o actuar autonombrándose como autoridad para vigilar las elecciones, eso está fuera de sus funciones, no puede ser que tampoco promueva amnistías o liberaciones de presos ya que él no representa al nivel judicial.
Casa Sativa, fusión de Alta Cocina de México y de Colombia
Ubicado en el corazón de Cancún, Casa Sativa es un restaurante de ambiente familiar y acogedor que te hará sentir como en casa. Una nueva propuesta gastronómica, con un concepto vintage-oriental.
Es un restaurante “pet friendly”, que permite a los comensales degustar, en la terraza de la entrada, deliciosos platillos y bebidas en compañía de su mascota.
Casa Sativa, ofrece un confortable ambiente climatizado donde podrá saborear los platillos gourmet, colombianos y mexicanos que ofrece, además de un nuevo menú de mariscos; acompañados de los más de 16 cocteles creados por el mixólogo de casa.
El lugar cuenta con área de fumadores ubicada en la segunda terraza en la parte posterior.
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