La nauseabunda reputación de la Fiscalía General del Estado y sus elementos ministeriales, que encabezan la lista de denuncias por violaciones a los derechos humanos en Quintana Roo, fue exhibida una vez más con un tremendo escándalo de abuso de autoridad y uso desmedido de la fuerza pública que salpica directamente al Fiscal Miguel Ángel Pech Cen, pues en el asunto está involucrado su secretario particular, Julián Samos Méndez.

Y es que el funcionario judicial habría utilizado sus influencias para ordenar la detención de su ex pareja sentimental, con la que sostiene una disputa legal al parecer por la custodia de una menor de 10 años, hija de ambos.

El asunto cobró notoriedad desde la aprehensión de la joven madre, pues testigos del hecho aseguraron que se utilizaron varios vehículos oficiales y al menos una veintena de agentes que actuaron con la acostumbrada prepotencia sin respetar siquiera a la niña, afectada emocionalmente por el violento suceso.

Haciendo honor a su mala fama, los agentes de la Fiscalía golpearon con salvajismo a la mujer, quien después de ser liberada denunció los hechos y exhibió las marcas de los golpes en distintas partes del cuerpo, sacando a la luz que detrás de la infame actuación policíaca estaría su ex pareja, hombre de todas las confianzas del Fiscal.

La denuncia del abuso circuló con fuerza en medios de comunicación y redes sociales, atrayendo la atención del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Harley Sosa Guillén, quien casi de inmediato informó la apertura de una queja de oficio para investigar el suceso.

Mientras tanto, el Fiscal Miguel Ángel Pech, quien ha estado en el ojo del huracán durante toda su gestión por la patente ineficiencia del organismo investigador, los conflictos internos, las denuncias de abusos contra ciudadanos que no han cesado, la protección a elementos señalados como torturadores y muchas otras travesuras más, tiene ahora un nuevo escándalo de qué ocuparse gracias a su secretario.

La respuesta de Miguel Ángel Pech tendrá que ser oportuna y congruente con su discurso de respeto a la justicia y a los derechos humanos, así tenga que sacrificar a su mano derecha para lavar la cara de la charrasqueada Fiscalía, donde nada ha cambiado en el gobierno del cambio.

La prueba es decisiva en los dominios de la Fiscalía, ya sin Roberto Borge y su pandilla como responsables de este condenable episodio de influyentismo.