Después de los sucesos ocurridos el viernes 8 de diciembre en Texcaltitlán, Estado de México, en donde diez sicarios de la Familia Michoacana fueron asesinados por pobladores que llevaban una década pagando extorsión a este grupo criminal, algunos pobladores finalmente se decidieron a hablar.

Narraron que la Familia Michoacana les cobraba cuotas por “el agua, la madera, el combustible, por tener animales, por comprar comida, por las cosechas y hasta por hacer fiestas”. “Ya no eres libre ni de ir al monte a cortar una rama porque te la cobran, el azúcar, huevo, la carne… si teníamos una fiesta, teníamos que avisar”, relataron.

Hace apenas unos meses, otro municipio del Estado de México, Valle de Bravo, se quedó sin gas. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas y Empresas Conexas reveló que el desabasto se había desatado a causa de las cuotas impuestas a los distribuidores por la Familia Michoacana.

Se denunció entonces que expendios de pollo, mercados, vendedores de materiales de construcción, propietarios de camiones de carga, conductores del transporte público, parapentistas, lancheros, gasolineros, restauranteros, panificadores y hoteleros se hallaban en la misma situación. En muchos casos, la Familia Michoacana obligaba a los propietarios a surtirse con un mismo proveedor.

Lo peor de esta situación es que prevalece a todo lo largo y ancho de nuestro país, la extorsión ejercida sobre los más diversos sectores productivos es un cáncer al desarrollo y la paz social.

A mayor extorsión, menor consumo interno, a menor consumo interno más cierre de empresas y si estas cierran… ¿a quién van a extorsionar los malditos delincuentes? Y todo ante la vista omisa y cobarde de los tres niveles de gobierno.

El coste de la inseguridad y el delito en México fue de 319 mil 100 millones de pesos en 2022, lo que representó un alza de 14.41% con respecto a lo registrado en el 2021. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE-2023), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), esta cifra representa el 1.08% del Producto Interno Bruto (PIB).

A nivel individual, el costo promedio para una persona que fue afectada por un delito fue de 8 mil 192 pesos, lo que significó un alza en comparación con los 7 mil 147 pesos registrados en el 2021. Del total del coste, el 61.8% fue gasto en pérdidas económicas a consecuencia de los delitos; el 33.1% fue por gastos en medidas preventivas; y el 5.1% los gastos a consecuencia de los daños a la salud.

Los resultados de la encuesta aplicada por el órgano estadístico arrojan que los hogares mexicanos gastaron 105.7 millones de pesos en medidas preventivas, entre los que se incluye el cambiar o colocar cerraduras o candados (22.1%); cambiar puertas o ventanas (17.7%); colocar rejas o bardas (12.2%); realizar acciones conjuntas con vecinos (9.5%); y comprar un perro guardián (3.9%).

La ENVIPE reflejó que las víctimas de robo total de un vehículo fueron las que más impacto tuvieron a sus finanzas, al registrar una pérdida promedio de 30 mil 308 pesos. El segundo delito más costoso fue el de fraude, en donde las víctimas pueden llegar a perder hasta 14 mil 653 pesos en promedio, lo que representó un aumento de 10 mil 442 pesos registrados en el 2021.

El robo o asalto en calle o transporte público ocupa el tercer lugar en los delitos que más costaron a los mexicanos, pues quien fue víctima de éste tuvo una pérdida monetaria de 8 mil 124 pesos.

“Otro tipo de robos”, como el carterismo, allanamientos y abigeato costó 7 mil 802 pesos a quienes fueron víctimas; mientras que los que fueron presa de “otros delitos” como secuestro, delitos sexuales o daño en propiedad ajena tuvieron un golpe de 7 mil 137 pesos a sus finanzas.

Las víctimas de lesiones perdieron 6 mil 922 pesos; los que sufrieron robo a casa habitación registraron pérdidas promedio de 5 mil 900 pesos; mientras que la extorsión sacó 3 mil 339 pesos a cada víctima. Finalmente, las amenazas verbales implicaron un coste de 3 mil 209 pesos; en tanto que el robo parcial de un vehículo implicó una pérdida económica de 2 mil 538 pesos a las víctimas.

Aunque la ENVIPE registró un alza en el coste de la inseguridad para los mexicanos, la cifra de delitos mostró una disminución en el 2022 luego de que éstos pasaran de 28.1 millones en el 2021 a 26.8 millones, es decir, una baja de 4.63 por ciento.

Las cifras registradas por la ENVIPE señalan que el año pasado hubo 28 mil 701 delitos por cada 100 mil habitantes, lo que significa que ocurrieron 1.3 crímenes por persona. Además, se estimó que en el 27.4% de los hogares mexicanos uno o dos integrantes de la familia fueron víctimas de un delito. Sin embargo, en el 2022 del total de delitos ocurridos sólo el 10.9% de las víctimas presentó una denuncia, sin embargo, de éstas las autoridades sólo iniciaron una carpeta de investigación en el 69.3% de los casos.

De los 69.3% de los casos atendidos, en el 46.1% de las averiguaciones no pasó nada; el 31.4% está en trámite; el 5.4% recuperó sus bienes; en el 4.6% los delincuentes fueron presentados ante un juez; el 2.9% otorgó perdón; y en el 2.6% hubo reparación del daño.

Volviendo al tema de la extorsión, en Acapulco, antes de la llegada de Otis, 14 negocios ardieron en una sola noche y 50 locales del Tianguis Campesino fueron incendiados. Varios locales de la Central de Abastos quedaron calcinados. Denunciaron empresarios: “La gente de trabajo pierde todo y es asesinada: Acapulco se desangra”.

Desde la Tierra Caliente hasta la Costa Grande, empresarios de la construcción, de negocios gaseros y de la industria de la tortilla han denunciado la extorsión de los grupos criminales, sobre todo en Zihuatanejo, Tecpan y Petatlán.

En Sonora se ha denunciado el cobro de cuotas a los mineros, los empacadores de fruta, los distritos de riego y los campos pesqueros. La extorsión a aguacateros y limoneros de Michoacán provocó este año desabasto y encarecimiento de los productos.

Según datos presentados por Integralia, en cinco años del gobierno de López Obrador el delito que más creció fue la extorsión, que registró un incremento de 56% a nivel nacional.

Los hechos de Texcaltitlán son solo la punta más visible del iceberg: la constatación de un avance criminal que no se había visto en la historia de México: el legado de un gobierno que prefirió cerrar los ojos a una realidad que ahoga a cientos de miles de mexicanos. Parecería que el gobierno federal y estatal estarían empujando no solo a los pobladores de Texcaltitlán, sino cientos de otras comunidades, a que se armen y se organicen en grupos paramilitares.

Porque en este momento estas poblaciones tienen solo tres opciones: armarse, abandonar sus hogares y negocios, y convertirse en desplazados, o simple y llanamente correr el riesgo emigrando a los Estados Unidos. Esperar que, en un futuro próximo, el gobierno federal y estatal decidan defender a las víctimas y a los inocentes, y no preocuparse por dar la impresión de que están pacificando al país y que la criminalidad en México es similar a la criminalidad en otros países. En México hay una guerra en contra de la población, y los que deberían defender a la población están ocupados en otras actividades (construyendo y protegiendo estructuras emblemáticas de López Obrador) o simple y llanamente no tienen la capacidad de hacerlo.

Y aunque sí se envió un contingente del Ejército y Guardia Nacional para resguardar la población, lo que se debería de haber hecho, desde hace días, es sistemáticamente detener o arrestar a cualquier individuo vinculado a la Familia Michoacana, incluyendo funcionarios públicos. Deberían de haber usado el ataque en Texcaltitlán como un ejemplo a otras organizaciones criminales para que dejen de abusar de la población. Pero al contrario es poco el impacto en los criminales y mucho el sufrimiento de las víctimas. Y ningún funcionario ha reconocido públicamente el heroísmo de los pobladores que murieron, defendiendo a su comunidad.

No nos sorprenda que el siguiente sexenio de ser “abrazos y no balazos”, México se convierta en el país donde las víctimas decidieron armarse y organizarse como autodefensas.