El estado de derecho en Quintana Roo es un fracaso, sobre todo en la tenencia de la tierra; la certeza de la propiedad es un sueño muy lejano y difícil de alcanzar para las personas de bien y que trabajan duro todos los días para tener un pedazo de terreno donde vivir.

Este mal quedó puesto en evidencia al término de la administración del ex gobernador Roberto Borge Angulo, quien precisamente se encuentra tras las rejas por vender el patrimonio quintanarroense a precios irrisorios a familiares y amigos. 

Además, se le acusó de orquestar falsos juicios laborales con el único fin de despojar a hoteleros y empresarios de sus terrenos de alta plusvalía, con la comparsa de las autoridades de la materia. 

Hoy, a seis años del borgismo, Quintana Roo no ha cambiado mucho y, si lo ha hecho, ha sido para mal, pues ahora la invasión de predios se ha vuelto un foco de todo tipo de violencia, engaños, chicanadas legaloides, despojos a extranjeros y locales. 

Lo peor de todo es que no hay a quién acudir, pues los más coludidos con los invasores son precisamente las direcciones de Catastro, el Registro Público de la Propiedad, el Registro Agrario Nacional y las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, es decir, instancias de gobierno de los tres niveles de gobierno. 

Y todos ellos operan en complicidad con una red de notarios públicos señalados de operar despojos en Tulum, expresamente las notarías 109 y 31, la primera con sede en Chetumal y la segunda, en Felipe Carrillo Puerto, tal y como denunció la señora Liubov Illinichna Prudkovskaya nacionalizada mexicana.

Pero este problema sólo se vivía en la zona norte del estado, donde los delincuentes se veían atraídos por los terrenos junto al mar Caribe, en lugares de prestigio en la Riviera Maya, Cancún, Puerto Morelos y Tulum. 

Ahora se presenta también en el sur, donde los invasores intentan acaparar tierras en Bacalar, Calderitas, Luis Echeverría y Chetumal, por lo que se confirma que esta situación no sólo no se ha podido controlar, sino que, por el contrario, se ha extendido a otros lugares. 

Los invasores buscan predios en Bacalar que han aumentado vertiginosamente su valor, antes debido al crecimiento económico y turístico del décimo municipio de Quintana Roo, y ahora, por la proximidad del Tren Maya. 

Es así que mientras siga imperando la corrupción en las dependencias de gobierno, el problema de las invasiones y la tenencia de la tierra continuarán por mucho más tiempo, hasta que alguien decida actuar y poner orden.  

Porque de nada sirve que se modifique la ley del estado para elevar el rango y tipificar como delito grave a las invasiones y se impongan penas más severas a los autores intelectuales de estos despojos, cuando las autoridades son justamente quienes se ven beneficiadas económicamente con ello. 

¿La llegada de la 4T al gobierno de Quintana Roo podrá acabar con este grave mal?