El PAN, el PRD y otros más, lamentaron la semana anterior la discrecional destitución del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto Castillo; pero en contraparte, han guardado un silencio cómplice en entidades como Quintana Roo, donde por ley debió crearse ya la fiscalía estatal del ramo y, a menos de dos meses de que inicie el proceso electoral local, nada de ello se ha realizado.

PAN y PRD lamentaron los hechos nacionales, pero nada han exigido al fiscal general del estado, Miguel Ángel Pech Cen, que con su caótica conducción de la instancia que aun dirige, parece no tener prisa en crear la instancia señalada, a pesar de que es mandato de la última reforma a la Ley Orgánica y de la Ley de la Administración Pública local, pero sobre todo porque el órgano a crear será el responsable de sancionar los delitos electorales que se cometan en el próximo proceso comicial estatal. Si no hay fiscalía ¿quién actuará entonces?

Y así como a nivel nacional se acusa a todas las instancias electorales de estar supeditadas al PRI y el Poder Ejecutivo, en las entidades la situación no parece ser diferente, independientemente del partido que se encuentre en el poder; si no fuera así, habría que preguntarse entonces por qué nadie atiende la desorganización que continúa al interior del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), el enfrentamiento entre sus consejeros, las denuncias estatales y nacionales en contra de varios de sus directores y la abierta pugna entre esa instancia y el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), cuyos integrantes, por cierto, han sido relacionados también con el PRI y ex gobernadores como Roberto Borge Angulo y Félix González Canto.

¿Será entonces que el caos es deliberado y así conviene mantenerlo para beneficio de los partidos en el poder, cualquiera que estos sean? ¿será acaso que tal desorganización e inexistencia de instancias como la fiscalía especializada para la atención de delitos electorales del estado de Quintana Roo se debe a la ignorancia de los dirigentes partidistas y al desinterés del fiscal Miguel Ángel Pech Cen? Ese es el escenario más difícil de creer, aunque también es posible.

Por si lo anterior no fuera suficiente, la reforma electoral recientemente aprobada por el Congreso de Quintana Roo tiene también enormes fallas que pudieran representar actos de inconstitucionalidad que anularían su aplicabilidad, pues aunque la XV Legislatura asegura haber abierto los espacios de participación a la ciudadanía, por ejemplo, para las candidaturas independientes, ha establecido “candados” que no se contemplaron ni siquiera a nivel nacional, pues a quienes aspiren a postularse por esta vía se les exige, en el Artículo 112 fracción IV, haber renunciado a cualquier cargo de dirigencia partidista por lo menos con dos años de antelación a su solicitud de registro. Eso es abiertamente violatorio de la normatividad nacional.

Ciertamente, la reforma aprobada a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo se construyó con base en la propuesta hecha por el Ieqroo a la XV Legislatura, pero dicha norma debió revisarse a fondo antes de ser aprobada por los enormes yerros contenidos. Todo esto es parte del panorama existente, cuando apenas el viernes anterior el Instituto Electoral local aprobó el calendario para el proceso comicial local que comenzará oficialmente el 20 de diciembre próximo. Insistimos, en menos de dos meses.

Como se observa pues, el proceso electoral federal enfrenta enormes riesgos con acciones discrecionales que aun deberán aclararse, como la destitución del titular de la Fepade, pero a nivel local las cosas no son diferentes, por el contrario, los desaciertos son aún mayores, pues no existe la fiscalía que sancionará los delitos electorales cometidos, la coordinación entre instancias comiciales parece imposible por el enfrentamiento interno y externo entre ellas, y la ley que normará la carrera por el poder adolece de enormes deficiencias que aun estarían por poner a prueba la legalidad de todo el proceso, por ello cabría de nuevo preguntarse si ese caos no es deliberado y para favorecer al “poder” en turno.