Mientras en Quintana Roo se festejaba este martes el 33 aniversario del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), a nivel nacional se difundió un escándalo multimillonario en el que se involucra a la aun titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, en el desvío de recursos en los que habría participado justamente la institución quintanarroense que hoy estuvo de fiesta.

Sin dar montos específicos, diversos medios nacionales señalan que fueron cientos de millones de pesos los que se desviaron a través del SQCS, operaciones en las que estarían involucrados la propia Robles Berlanga y el entonces director de la instancia local, Jorge Acevedo Marín; mediante los convenios firmados en julio, septiembre y octubre de 2015, un año antes de concluir la administración de Roberto Borge Angulo –hoy recluido– y cuando a decir de los mismos trabajadores de la emblemática institución, no se les daba ni siquiera papel para poder imprimir sus notas. Eso sí, el festín de recursos estaba en la Dirección general y el gobierno estatal.

Desde temprano, el gobernador Carlos Joaquín González felicitó al SQCS por cumplir “33 años de ser la radio y la televisión de los quintanarroenses”, pero cabe también reconocer que, aunque con la alternancia en el gobierno estatal las finanzas en esa instancia se han estabilizado, las enormes carencias no se han resuelto, además de que existe una abulia marcada en la calidad y diversidad de contenidos, sea de entretenimiento o informativos; pareciera que la tendencia a desaparecer los espacios de opinión se ha mantenido en el tiempo en esa icónica instancia, forjada con la sapiencia y esfuerzo de quienes decidieron dar a los habitantes de esta entidad un espacio a través del cual proyectar su cultura y todo lo que aquí ocurre.

En el evento celebrado estuvieron funcionarios y empleados, se destacó la importancia de esa institución como el foro a través del cual los quintanarroenses pueden conocer y difundir lo que en su entorno ocurre; no estuvo por cierto el titular de la Secretaría de la Contraloría estatal, Rafael del Pozo Dergal, quien desde el año pasado dio a conocer las irregularidades, como tampoco el fiscal general del estado, Miguel Ángel Pech Cen, quien pudiera hablar de las investigaciones en lo local sobre el tema.