El reciente incidente denunciado por el popular influencer Luisito Comunica, donde expuso un cobro excesivo de 2 mil pesos por un servicio de taxi en Cancún, ha puesto de nuevo bajo los reflectores un problema que ha sido recurrente y denunciado durante años en este importantísimo polo turístico: los abusos en el transporte público en Quintana Roo.

Luisito Comunica, con más de 43 millones de seguidores en YouTube y un alcance que trasciende fronteras, señaló lo que muchos turistas y locales han vivido en silencio. Pero lo más alarmante es que no se trata de un caso aislado. Apenas días después, otra influencer relató su experiencia al abordar un taxi de Cancún a Tulum, donde, además de pagar una tarifa exorbitante, se sintió insegura durante el trayecto. 

Estos casos han generado tal revuelo que no sólo provocaron indignación en redes sociales, sino que incluso llegaron a oídos de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien reaccionó públicamente sobre la necesidad de regular y sancionar estas prácticas. 

¿Por qué tuvo que ser necesario que figuras de renombre pasaran por estas situaciones para que las autoridades tomaran cartas en el asunto? La respuesta es dolorosa pero evidente, ya que en un estado donde el turismo es la columna vertebral de la economía, la imagen proyectada al exterior pesa más que la experiencia cotidiana de sus ciudadanos. 

Las denuncias por parte de usuarios, tanto locales como visitantes, sobre cobros excesivos, negativa a usar taxímetros, y actitudes intimidantes por parte de algunos taxistas no son nuevas. Sin embargo, la falta de regulación efectiva y sanciones claras ha permitido que estas prácticas persistan.

Los gremios de taxistas han gozado históricamente de un poder político y económico que les otorga impunidad frente a los reclamos de los usuarios y a la implementación de plataformas digitales de transporte. 

Este incidente no sólo afecta a quienes lo viven directamente, sino que golpea la reputación de Quintana Roo como un destino turístico de clase mundial. Cancún, Tulum y toda la Riviera Maya son lugares que deben ser sinónimo de belleza, hospitalidad y cultura, no de estafas y abusos. 

Ahora, con la atención mediática y la presión social al máximo, las autoridades tienen una oportunidad crucial para marcar un antes y un después en la regulación del transporte público en el estado.

Es momento de implementar medidas contundentes como regulación clara de tarifas, obligar a los taxistas a usar taxímetros y establecer tarifas justas y transparentes; permitir la operación libre de aplicaciones de transporte como Uber y DiDi, brindando competencia y opciones para los usuarios. 

Pero también de aplicar sanciones ejemplares, con multas severas y suspensión de licencias para quienes incumplan las normas; además de mejorar la capacitación de los operadores y la supervisión de su desempeño para garantizar la seguridad de los visitantes.

Es indignante que experiencias como las de Luisito Comunica y otros turistas sean las que impulsen un cambio, pero más lamentable aún es que estas denuncias evidencien lo que los ciudadanos han padecido durante años sin respuesta.

El turismo en Quintana Roo no puede seguir siendo rehén de intereses gremiales. Es momento de que las autoridades no sólo reaccionen ante el escándalo, sino que actúen con firmeza para proteger a quienes hacen del estado el destino favorito de millones en el mundo. Porque el paraíso no debe tener una cara oculta, y menos una tan amarga como la que hoy conocemos. 

¿Se verán resultados a corto plazo?