El pasado miércoles, al rendir su tercer informe anual de labores, ante el Presidente de la República y parte de su gabinete, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, expresó: “puedo afirmar, categóricamente, que en el Poder Judicial de la Federación ya no hay corrupción tolerada ni institucionalizada, ya no hay corrupción avalada o auspiciada desde arriba. Los casos que existen son aislados y no obedecen más a la existencia de mafias que operaban desde dentro”.

Sin embargo, los hechos contradicen, también categóricamente, esa afirmación, y en este punto podemos citar que hay prisiones hacinadas de primodelincuentes que enfrentan procesos en el sistema penal anterior, lo cual impide salidas alternas a quienes cometieron delitos menores, o no tienen para cubrir las cuotas de los defensores de oficio; los acusados falsamente (como el caso de los “secuestradores” de Macuspana que dio pie a la cinta “Duda razonable” y que evidencia la mala fe al aplicar la justicia; el tráfico de influencias como el que se achaca nada menos que al Fiscal General de la República, cuyo caso ya atrajo la SCJN, y un largo etcétera que incluye tanto a delincuentes como a víctimas.

Y cómo estará nuestro sistema de justicia penal, que en 2020 el número de detenidos sin sentencia aumentó en 26.9 por ciento –según el estudio Índice de Paz México 2021, del Instituto para la Economía y la Paz (IEP). Esta situación es un tema pendiente, desde hace años en el país, donde caer en manos de la “justicia” es lo peor que puede uno vivir, pues se asegura que la investigación para esclarecer los delitos no se centra en llegar a la verdad, sino en encontrar a un culpable, donde los detenidos confiesan por tortura, no se analiza todas las pruebas o se les “siembra” evidencia.

El propio presidente Andrés Manuel López Obrador enmendó el discurso de Zaldívar al señalar ayer en su conferencia matutina que sí, “éste es un hombre honesto, honrado, pero no podría decir lo mismo de otros ministros, tampoco de magistrados y jueces, y no quiero generalizar”, por lo que llamó a seguir barriendo la corrupción en los poderes Judicial y Ejecutivo, sin referirse, por supuesto, a recientes casos que también exhibieron esas prácticas en sus cercanos colaboradores.

Parafraseando al pasaje bíblico, Zaldívar arrojó la primera piedra, como si ese Poder estuviera libre del “pecado” de la corrupción; quizás apenas ha comenzado a barrer los primeros peldaños de esa escalera tan pronunciada que integran los impartidores de justicia del país, lo que merece un reconocimiento, pues ya lo dice el dicho: el buen juez por su casa empieza.

No obstante, las fuertes declaraciones del titular del máximo tribunal del país fueron destacadas, y en algunos casos cuestionados, en los medios, porque es indudable que sigue habiendo gente que espera lo que pregona el ministro Zaldívar: una justicia más humana, efectiva y más cercana que nunca. Pero muchos ciudadanos sólo la perciben en palabras, no en los hechos.

Obras en caja de cristal

Esta semana, la Suprema Corte de Justicia frenó, de manera temporal, el llamado "decretazo" por el que el Presidente pretende reservar información relacionada con las “megaobras” de su gobierno, con el argumento de que “es para agilizar trámites". La suspensión fue solicitada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Este organismo garante de la transparencia con que deben conducirse los gobiernos alegó que el Ejecutivo carece de atribuciones para catalogar las obras prioritarias como de interés público o de seguridad nacional sin cumplir los parámetros que marca la ley.

Los comisionados del INAI aclararon que el Instituto no pretende que se suspendan las obras o proyectos de infraestructura, por el contrario, consideran que es un asunto de la mayor relevancia y por ello solicitaron a la SCJN se pronuncie: sobre si el acuerdo impugnado realiza de forma explícita e implícita, una clasificación de la información anticipada y con ello vulnera la competencia del INAI; si se encuentra debidamente motivado en la Constitución; si el esquema de autorizaciones provisionales irrumpe en el derecho de tutela jurisdiccional efectiva; si el acuerdo transgrede las obligaciones internacionales contraídas por el Estado mexicano y el incumplimiento a las mismas que deriva del esquema de autorizaciones provisionales.

Este “decretazo” que ha levantado polémica evidencia la importancia de contar con organismos que son un contrapeso para los gobiernos, como es el caso del INAI, independientemente de lo que resuelva la Corte.