El pueblo de México fue el que decidió, vía la representación legislativa, los cambios constitucionales para las relaciones entre poderes de la nación y en particular los que ya regulan al Poder Judicial, su estructura, funcionamiento y normas internas, que recientemente aprobó el Congreso de la Unión en dramática votación, especialmente en la Cámara Alta.

Quienes nos hemos quejado durante casi seis años de la falta de democracia en la vocación, el espíritu y las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, su partido, institutos adláteres que no son más que rémoras —cuya enorme valía fáctica se demuestra en ocasiones como en esta , cuando actúan como bisagras legislativas, sin necesidad de aportar siquiera ni una mínima parte de una proposición racional, una palabra inteligible seguida de otra, para sacar votaciones—, no podemos salir ahora con la embajada de que la democracia aplica solo cuando favorece a la oposición republicana y no a la mayoría oficialista, que, guste o no, es legal y democráticamente constituida por el voto popular.

El Morena y sus corifeos tienen, para bien o para mal, la mayoría que les confirieron los mexicanos en las urnas electorales; lo que hicieron en estos días fue ejercerla en plenitud de derecho. Punto. Eso dice nuestra Carta Magna que, como veremos, incluía en embozados en sus numerales la propia sentencia de muerte. Solo así podías ser.

Lo mismo decíamos cuando el PRI era una poderosa aplanadora, que más allá de los grandes clásicos de nuestro folclor político, con graciosas y festivas aberraciones en las votaciones como el “ratón loco”, el carrusel”, los “muertos votantes” y las “urnas embarazadas” no hacían más que ponerle cotos extra de defensa y generalmente innecesarios a su poderío: no fue fácil definir cuándo el latrocinio electoral dejó de ser un gracioso alarde de ingenio y se convirtió en frecuente traición a la voluntad del electorado.

El PAN tal vez, debido a su pudorosa gazmoñería que confundía política con catecismo, se resistió un poco más a que el ejercicio del poder conllevase chapucerías en las elecciones, pero la verdad es que la negativa de la Liga de la Decencia Política —que es un oxímoron cuasiperfecto, porque la definición más realista del sustantivo “político” casi siempre incluye, en destacadísima posición, el adjetivo “indecente”— de panismo doctrinario nunca tuvo oportunidad frente al neopanismo que, hoy por hoy, como dijera una madama en un local de cuarta categoría de película cutre, “es lo que hay”.

Cierto: desde este espacio insistimos en las advertencias, a sabiendas de que muy pocos tendrían la capacidad y la disposición de escuchar, de comprender lo que realmente estaba en juego, porque un lopezobradorista entusiasmado —como lo son por lo menos tres cuartas partes de los mexicanos, significativamente en la misma proporción o más que la que requiere una fuerza política para contar con mayoría calificada en el Poder Legislativo y poder modificar a la Constitución General—, al igual que Gabino Barrera,  no entiende razones andando en la borrachera de la amplia popularidad del presidente López y del triunfo de su eminente sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo.

La Reforma Judicial del presidente clausura la República Mexicana tal como la conocíamos, por lo menos desde 1917, y comienza con un nuevo país, que los cuatroteros han de considerar como la propia Arcadia mientras que los mexicanos educados en los principios liberales y republicanos de Benito Juárez y Venustiano Carranza percibimos como una inmensa pérdida, como un retroceso al primer imperio, al del infame Iturbide, Agustín I de México, pues hasta Maximiliano I de México, el monarca importado de la europea Casa Habsburgo, fue más republicano en sus ideales que los regresivos morenos y sus lapas paleras.

De nuestra postura he aquí una remembranza, que data del día en que surgió la amenaza —¡en aniversario de la Constitución, justamente!— que acaba de volverse ley, esta es una remembranza:

“En un artículo del volumen del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República (febrero 5, 2024), “La reforma al Poder Judicial. Efectos en el estatus y la mecánica de elección —por voto popular— de sus integrantes”, escrito por César Astudillo, investigador del mismo, se afirma que la iniciativa supone para el estatus constitucional que hoy tienen reconocido las y los ministros de la SCJN, las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del PJF, y las y los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (…) las y los jueces de distrito (…), así como el desplazamiento de la designación colaborativa entre órganos del Estado por una mecánica electiva que en las contadas experiencias constitucionales en donde se ha probado ha dejado más dudas que certezas. El punto más repudiado —aquí tampoco es el único, pues la mayoría implican el rechazo de juristas, politólogos, anlistas, políticos y actores de la vida nacional—, probablemente, sea la elección de ministros de la Corte por voto popular”.

Así iba a suceder. Lo sospechábamos desde entonces, mas aunque sabemos que mucho costará entender esto a los espíritus liberales, republicanos y con concepciones progresivas de la legalidad, lo que sucedió en estos fatídicos días, con todo y las jugarretas morenistas, las amenazas mafiosas de los esbirros presidenciales, la compra de los infaustos cuan revulsivos Yunes —raza de pedófilos, criminales y malparidos— admitida por el mismísimo presidente, aquí solo nos queda admitir una cosa: nuestra Constitución fue tan generosa que, en su mecánica normativa, dio cabida a su propia muerte.

Fue legal. Se acabó.