A seis años de que el gobierno de Carlos Joaquín González iniciara acciones legales para hacer valer la máxima de “en Quintana Roo, el que la hace, la paga”, al día de hoy los funcionarios de la administración del ex gobernador Roberto Borge Angulo gozan de plena libertad. 

La “cacería” de los delincuentes de cuello blanco empezó con mucho ímpetu, y cada detención fue dada a conocer a la población con bombos y platillos como si se tratara de un logro digno de elogiar, a pesar de que las autoridades encargadas de la procuración de justicia al fin hacían su trabajo.  

En su momento, la Auditoría Superior de Quintana Roo, a cargo de Manuel Palacios Herrera, integró 37 denuncias penales contra ex colaboradores borgistas, tras encontrar evidencia suficiente y contundente de que hubo millonarios desvíos de recursos, que ascienden a los 13 mil 700 millones de pesos, y de los cuales sólo se han logrado recuperar alrededor de mil 300 millones de pesos. 

Con los resultados de las auditorías realizadas a la administración borgista, la responsabilidad de enjuiciar a los ex servidores públicos recayó exclusivamente en la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo, a cargo de Rosaura Villanueva Arzápalo, y allí fue donde empezó todo el problema. 

Recientemente, la funcionaria dio a conocer que aún faltan por cumplimentarse 11 órdenes de aprehensión y todavía se trabaja en formular imputaciones a otros ex funcionarios de la anterior administración estatal. 

Lo que significa que la cacería continúa, muy a pesar de que los ex colaboradores de Roberto Borge han sabido ganarle fácilmente a la Fiscalía Anticorrupción que los persigue, ya que se han valido de amparos federales y a diversos recursos que la propia ley provee. 

Pero, sobre todo, los jueces han concedido beneficios a los ex funcionarios porque han encontrado débiles los argumentos acusatorios de la Fiscalía Anticorrupción, lo que ha facilitado que los ex funcionarios logren llevar sus procesos en libertad o algunos en sus propias casas.

La fiscal Anticorrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo, explicó en su momento: “Hay algunos que han tenido cambios de medida cautelar, hay otros que se les han dado otro tipo de salida alterna o criterio de oportunidad, cuando de sus declaraciones sirve para sostener más un caso, de acuerdo a la ley se llaman criterios de oportunidad o salidas alternas de resolución de controversias”.

A este paso, es muy probable que las imputaciones realizadas al ex gobernador Roberto Borge Angulo, por parte de la Fiscalía Anticorrupción, se caigan al igual que el de los ex funcionarios borgistas, y sólo prevalecería la acusación de la justicia federal, aunque ésta se basa en las pruebas y argumentos que presente la fiscal Villanueva Arzápalo. 

Se trata de una guerra perdida, pues lo poco o mucho recuperado, se ha destinado para pagar a los despachos y asesores jurídicos particulares que han contratado el gobierno estatal y la Fiscalía Anticorrupción para llevar los casos, aunque a estas alturas ya no se sabe si fue para tratar de ganar los casos o para justificar millonarios gastos.

¿Usted, qué opina?