Muchas de las reformas constitucionales propuestas por el gobierno de México comprometen el acceso de los inversionistas estadounidenses a un marco regulatorio estable, predecible e imparcial, de acuerdo con un grupo de influyentes legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. 

A través de una carta dirigida a la embajadora Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), los legisladores instaron al gobierno estadounidense a involucrarse de manera activa con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la presidenta electa Claudia Sheinbaum y el Congreso entrante de México para asegurar que las reformas no contravengan las obligaciones asumidas bajo el T-MEC. 

“Reconocemos el derecho soberano de cada gobierno a actualizar su constitución y valoramos profundamente la sólida asociación entre Estados Unidos y México. Sin embargo, muchas de las reformas propuestas parecen comprometer el acceso de los inversionistas estadounidenses a un marco regulatorio estable, predecible e imparcial”, señaló la carta. 

La misiva, encabezada por el representante Adrian Smith, presidente del subcomité de Comercio del Comité de Ways & Means, refleja la creciente inquietud sobre cómo los cambios en las leyes mexicanas podrían afectar a las inversiones estadounidenses y a las relaciones comerciales bilaterales. De los diez firmantes, nueve son miembros del Comité de Ways & Means, que desempeña un papel crucial en la supervisión de la implementación del T-MEC en la Cámara de Representantes. 

Los legisladores expresaron su preocupación también por el impacto que ciertas reformas, particularmente aquellas relacionadas con la energía, la minería y la agricultura, podrían tener sobre las empresas estadounidenses que operan en México bajo el marco del T-MEC. 

Entre los temas más destacados, los legisladores subrayaron los riesgos potenciales de limitar los métodos de extracción en el sector energético, reducir la exploración de litio, restringir permisos eléctricos y las importaciones de maíz genéticamente modificado, así como la posible abolición de organismos reguladores autónomos en México. 

Estos cambios, argumentaron, no solo podrían afectar a las empresas estadounidenses, sino también socavar la competitividad de América del Norte en su conjunto. 

REFORMA AL PODER JUDICIAL OCASIONARÁ MENOS INVERSIÓN, AUMENTO EN PRIMAS DE RIESGO POR OTORGAR FINANCIAMIENTO, Y PÉRDIDA DEL GRADO DE INVERSIÓN.

Menos anuncios de inversión, un aumento en las primas de riesgo que cobran los bancos por otorgar financiamiento, la pérdida del grado de inversión, y más presión presupuestal, son parte de los costos que pagará México de seguir avanzando la reforma al poder judicial, advirtió la directora de México Evalúa, Mariana Campos. 

Resaltó que, al percibir un mayor riesgo en el ambiente para hacer negocios, resultado de la percepción de un limitado respeto al Estado de derecho, desalentará a los bancos a ofrecer crédito y terminará por inhibir a la Inversión Extranjera Directa, lo que terminará por lesionar a la actividad económica, se reducirá la capacidad para para generar empleos y habrá menos ingresos susceptibles de ser gravados. Agregó que costaría más trabajo al gobierno pagar la deuda, que ya tiene años pagando altos intereses por ella. 

El pago de intereses de la deuda pasó de absorber el 10% de los ingresos en el 2021 a 16% en el 2024. Agregó que se puede esperar un costo presupuestario de la aplicación de la reforma tal como estaba en la iniciativa. 

La llegada de nuevos jueces demandará su capacitación, lo que tiene un costo. Cualquier proceso electoral tiene también un costo y también habrá pasivos laborales que atender con los jueces que sean destituidos. Entonces por supuesto que habrá un costo, subrayó. 

El director del Georgetown Americas Institute en Georgetown University, Alejandro Werner, explicó, desde julio, en un seminario virtual, que las arcas de las entidades federativas tienen pocos recursos propios y sus finanzas dependen del presupuesto que distribuye el gobierno federal. De manera que, el costo de modernizar la procuración de justicia se tendrá que pagar con recursos de la federación, subrayó. 

Perder el grado de inversión. Todo esto motivará un aumento en la percepción de riesgo para la capacidad de pago del endeudamiento del gobierno, lo que tendrá otro impacto económico que es la posible baja de la calificación soberana. La nota soberana de México en Fitch es la que se encuentra en el nivel más bajo, “BBB-” con perspectiva Estable, tan solo un nivel arriba de las calificaciones que tienen los emisores especulativos. 

De presentarse una baja de calificación, sobre todo si desaparecen organismo autónomos, habrá un contexto más complicado para que el gobierno resuelva conflictos públicos, lo que también afecta a los negocios. 

Si baja la calificación del soberano, si perdemos el grado de inversión, corremos el riesgo de caer en una crisis fiscal, alertó. Al bajar la calificación aumenta el costo de financiamiento del gobierno federal que trae una situación precaria en sus finanzas públicas, pues tenemos un déficit que es tres veces el tamaño de lo que teníamos en el 2018 y hemos pagado en últimos años tasas de por sí elevadas y ahora se pagarían más”. 

Jueces locales, no federales, en EU. La experta admitió que en Estados Unidos hay elecciones de jueces locales, no federales y existen organizaciones civiles críticas que tienen estimado el costo de estos procesos elección popular. 

Estudios del Brennan Center for Justice dice que la elección de 41 jueces en 17 estados tuvo un costo de 100 millones de dólares. Posiblemente habrá que matizarlo, pero la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria cita una obligación de que cualquier reforma incorpore un estudio de impacto presupuestario y en el caso de esta reforma al Poder Judicial, no se ha presentado públicamente. 

La directora del think tank explicó que “probablemente no tendrá la misma eficiencia quien asumirá las responsabilidades de la Comisión Federal de Competencia (COFECE) para promover competencia y sancionar malas prácticas, que implica pérdidas para los jugadores”. Esto al responder que pasará con la extinción de organismos autónomos constitucionales como está planteado en el llamado “Plan C” que introdujo el representante del Ejecutivo. Y esta desaparición de la COFECE puede alimentar un aumento de precios al presentarse prácticas indebidas, señaló. 

Mariana Campos advirtió que se requiere un espacio de análisis más serio sobre el impacto económico que tendrán estas reformas.