La definición de las coaliciones electorales para 2018 parece complicar las aspiraciones de muchos actores políticos que daban por seguro contender por un cargo de elección federal; por ello es posible que antes de que las campañas inicien las “alineaciones” partidistas también se modifiquen en entidades como Quintana Roo.

En lo que se refiere a Quintana Roo, los primeros que fueron en manifestar su inconformidad fueron los “cinco” militantes del Partido del Trabajo (PT), pues el recién incorporado Juan Ignacio “Chacho” García Zalvidea reclamó hace algunas semanas que, a pesar de que ese instituto había determinado sumarse al proyecto de Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena, la coalición partidista no les había cedido ninguna candidatura, ante lo cual no hubo ruptura, apoyarán los esfuerzos por ganar la presidencia de la República, pero competirán con sus propios candidatos.

Recientemente, el Partido Encuentro Social (PES) se sumó también al proyecto de López Obrador, pero las candidaturas ya están virtualmente definidas, ante lo cual se tambalearon las aspiraciones –por lo menos para el proceso federal– del dirigente estatal de ese partido, Gregorio “Greg” Sánchez Martínez, y el único diputado de ese partido, Carlos Mario Villanueva Tenorio, quien tiene la esperanza de “colarse” a la lista de diputados plurinominales, pero dada la cantidad de aspirantes, difícilmente ocurrirá, así que la esperanza que queda, tanto para los petistas como los militantes del PES, es encontrar cobijo en los espacios del proceso local, para contender por alguna de las once alcaldías quintanarroenses.

Greg Sánchez parece haber tomado previsiones ante las contingencias políticas, pues quien contendería por la alcaldía de Benito Juárez no sería él, sino su esposa, Niurka Sáliva, pero en el caso de Villanueva Tenorio, difícilmente tendría como opción contender por la presidencia de Othón P. Blanco, pues ya gobernó el municipio capitalino…y no con buenos resultados.

                                                COMENTARIO MORBOSO

Con la iniciativa enviada por el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, la Ley de Movilidad ya no será aprobada en lo que resta de 2017; la determinación oficial es mantener la condición de que, para prestar el servicio de transporte, debe contarse con una concesión, lo que hace inferir que la decisión tiene una fuerte carga política, pues los sindicatos de taxistas de toda la entidad abrazaron la decisión, y seguramente brindarán a la nueva mayoría los apoyos necesarios en el próximo proceso electoral.

Falta aún la reacción de empresas como Uber, pero es de advertirse que no será precisamente de aprobación. Por cierto, la ley se aprobaría en un periodo extraordinario al inicio del año, con la reconciliación con los taxistas y en la víspera del inicio de campañas, los “ganones” entonces serán sus impulsores y futuros candidatos; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.