La semana pasada los diputados federales aprobaron, con la mayoría del oficialismo y sus aliados, una “interpretación de la norma” que supuestamente permite a los servidores públicos promocionar la revocación de mandato.

 Este decreto de interpretación en materia de propaganda gubernamental, pretende sortear lo impuesto por el Instituto Nacional Electoral (INE), órgano que prohibió a Morena y sus amigos invitar a la población al ejercicio democrático que se llevará a cabo en abril próximo.

Pero lo dispuesto por el Instituto Nacional Electoral  (INE) no es una postura antidemocrática como lo quieren plantear algunos legisladores que quieren tergiversar la norma a su conveniencia.

 El propósito de que las autoridades no puedan promover la revocación de mandato es procurar la equidad del proceso y evitar que la ciudadanía se vea incorrectamente inclinada hacia un lado o hacia el otro.

 Tenemos que entender que la revocación de mandato, especialmente en el contexto en que se está desarrollando, tiene la misma importancia y se reviste de las mismas formalidades que una elección ordinaria de presidente de la República.

 Y así como cuando hay elecciones ordinarias no se puede permitir que las autoridades o los servidores públicos llamen al voto y peor aún, que llamen al voto en favor del oficialismo, tampoco es aceptable ni correcto que esas mismas autoridades pretendan llamar a la ciudadanía a acudir a las urnas y apoyar al presidente.

Por más que quieran hacer pasar la propaganda por libertad de expresión, resulta obvio que la posición desde la que se encuentra un servidor público le permite influir de manera relevante sobre la población y, en cierto sentido, orientar el sentido de su voto, lo que a todas luces resulta -eso sí-antidemocrático e inequitativo.

Por eso es tramposo el decreto aprobado por los diputados: además de que “permite” que exista inequidad y propaganda indebida en un proceso electoral, vulnera directamente principios constitucionales, pues intenta cambiar las reglas del juego en pleno proceso electoral.

 La Constitución y las leyes en la materia son claras al manifestar que cualquier reforma o aplicación normativa que pretenda hacerse valer en determinado proceso electoral (como el de Revocación de Mandato) deberá tener lugar no menos de noventa días antes del inicio formal de ese proceso o, de lo contrario, esa reforma o aplicación de la Ley tendrá que hacerse válida a partir del proceso siguiente.

 Así, la famosa “interpretación de la Ley” que pretende burdamente aplicar el Congreso, no es más que un fraude a la Constitución y a la Ley Electoral, pues el desatino de querer permitir que los servidores públicos puedan llamar a la participación ciudadana sería válido hasta el siguiente proceso electoral y no en este que ya ha comenzado, por lo que cualquier manifestación de apoyo al presidente sería, hoy por hoy, ilegal.

Ante esta situación, sólo quedaría preguntarnos si estas acciones legislativas responden a una ignorancia de la norma o a una arrogancia avasalladora, alejada totalmente del Estado de Derecho. ¿Cuál cree usted que sea?