La reciente aprobación de la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio por parte de la XVIII Legislatura de Quintana Roo, liderada por Morena y sus aliados, representa un grave retroceso en términos de certeza jurídica, derechos patrimoniales y seguridad económica.

Este polémico marco normativo no solo genera inquietud entre los propietarios locales, sino que también envía un mensaje de inseguridad a la comunidad inversora, tanto nacional como extranjera, que ya no verá en el estado un terreno fértil para desarrollar proyectos.

Uno de los puntos más alarmantes de esta ley es el cambio en los criterios para el pago de las expropiaciones. En lugar de utilizar el valor comercial de las propiedades, como dictaría la lógica de un acuerdo justo y equilibrado, el gobierno estatal podrá pagar únicamente el valor catastral. Este cambio, aparentemente técnico, implica en la práctica una pérdida significativa para las personas afectadas, quienes verán cómo el fruto de años de trabajo y sacrificio es tasado por debajo de su valor real. 

Quienes poseen propiedades en Quintana Roo, muchas veces como resultado de generaciones de esfuerzo, han visto en estos bienes una fuente de estabilidad y seguridad para el futuro. Estas tierras y construcciones, que han aumentado su valor gracias al crecimiento turístico y económico de la región, ahora corren el riesgo de ser arrebatadas bajo una interpretación arbitraria de “utilidad pública” y pagadas a precios injustos. 

Es imposible ignorar el impacto emocional y financiero que esta medida tendrá sobre miles de familias. Para muchos, la propiedad no es solo un activo, sino el legado de padres y abuelos, o un recurso para enfrentar emergencias o invertir en su propio desarrollo. Con esta ley, ese recurso se convierte en un lastre, sujeto a ser expropiado a voluntad del gobierno. 

La atracción de inversión extranjera ha sido uno de los motores que ha impulsado el desarrollo de Quintana Roo, convirtiéndolo en un referente turístico y económico a nivel mundial. Sin embargo, esta ley envía un mensaje contrario a los valores de confianza y estabilidad que los inversores buscan. ¿Quién querría poner su dinero en un lugar donde el gobierno puede, en cualquier momento, apropiarse de propiedades bajo causales de “utilidad pública” que se han ampliado de forma arbitraria y desproporcionada? 

La bancada morenista ha defendido esta ley bajo el argumento de que busca beneficiar a la comunidad en casos excepcionales. Sin embargo, ¿dónde está el beneficio cuando las personas afectadas pierden su patrimonio por una compensación injusta? ¿Dónde está el progreso cuando se instala un clima de incertidumbre jurídica que ahuyenta la inversión y perpetúa la desconfianza hacia las instituciones públicas? 

Es previsible que esta ley desate una ola de amparos por parte de propietarios y afectados. Este es un claro indicador de la insatisfacción y el rechazo generalizado hacia una medida que, más que solucionar problemas, genera nuevos conflictos. 

El desarrollo de Quintana Roo no puede estar basado en el despojo, la incertidumbre y la violación de derechos fundamentales. Si lo que realmente se quiere es garantizar el bienestar de sus ciudadanos, deberían promoverse políticas que fortalezcan la certeza jurídica, no que la socaven. 

Es imperativo que la sociedad civil, los empresarios, los activistas y todos los sectores afectados alcen la voz contra esta ley. Permitir que un gobierno amplíe sus facultades de expropiación sin control ni justicia es abrir la puerta a un futuro donde nadie esté seguro en su propia tierra.

¿Es este el legado que queremos para Quintana Roo?