El Congreso del Estado aprobó hace apenas unos días ampliar el abanico de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa para aquellos presuntos responsables de la comisión de un delito. Y en este caso, amerita subrayar la palabra presuntos, porque de acuerdo a este bodrio legaloide que atenta contra los derechos humanos, la persona aprehendida permanecerá en prisión al menos dos años, si bien le va, mientras se determina si es culpable o no.

Cierto es que se trata de un instrumento deleznable creado por la federación para mantener en prisión a toda persona que sea presunta responsable de un delito que se le endilga, cuyo término en promedio sería de dos años en cautiverio, sin importar si es inocente. Repito: Inocente.

¿Y los derechos humanos apá?

Resulta por demás inútil informar sobre la ampliación de delitos referidos: Portar o traficar fentanilo y girar documentos falsos por parte de los contribuyentes. Esto es intrascendente por su misma lógica.

Lo grave del asunto es la creación y continuidad este bodrio legaloide creado por la Cuarta Deformación, al que denominó “Prisión Preventiva Oficiosa”, con el fin de mantener a la sombra al presunto responsable de la comisión de un delito y así evitar que éste se dé a la fuga.

Se trata pues de algo así como “el mundo del nunca jamás”, de la ley torcida. Y es que en México se ha acostumbrado –es parte de la tradición- que las policías presenten ante la autoridad a personas como presuntas responsables de un delito, muchas veces sin investigación, sin verificar y hasta con el único objetivo de justificar su trabajo.

Esto se ha traducido, en innumerables ocasiones, en la captura de gente inocente que, sin tocar baranda, se va a prisión al menos dos años, mientras se determina su situación legal.

Aquí quisiera detenerme para destacar que dos años son 24 meses, son 730 días causando un daño irreversible a una persona a la que quizá tendrán que decirle: “Usted disculpe nuestro error”. Se trata entonces de un agravio psicológico, moral, familiar, y social en contra de una persona que pudiera ser un ciudadano ejemplar.

E incluso, asegurar que el detenido permanecerá dos años en la cárcel es una apuesta difícil.

Y es que en un país como éste, en donde la procuración y la impartición de la justicia son cuentos chinos, una persona que es encarcelada es casi aventada al abandono, a un mundo aparte en el que tendrá que buscar los medios para hacer realidad su estancia de 24 meses tras las rejas o, de lo contrario, permanecer años, hasta que alguien pueda apoyarlo o se apiaden de él o ella, si es que resulta inocente.

Los gobiernos (y hablamos de los tres órdenes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial) deben –están obligados- a buscar alternativas, a encontrar la forma de evitar la fuga de un acusado, quien debe permanecer en libertad, bajo la premisa que dicta: “Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”.

La gente, la persona no puede pagar así por la ineficiencia de los gobiernos, de una Cuarta Deformación que, de un plumazo y con base en ocurrencias, determinó la creación de la Prisión Preventiva Oficiosa.

Y se dicen humanistas.