Las reglas de un juego se establecen para que los participantes las acaten y sea una justa pareja, con igualdad de oportunidades para todos, de no hacerse así, alguien puede tomar ventaja y beneficiarse. En ocasiones, se nombra a un juez o árbitro, que verifica que todo se lleve de acuerdo con la normatividad, penalizando a quienes incumplan las reglas o cometan una falta. Esto aplica al participar en juegos de mesa o en deportes individuales o de conjunto.

En la convivencia social también existen normas, unas implícitas, no escritas, pero hay otras que nos rigen a través de decretos, reglamentos, códigos y leyes que emanan de una máxima: la Constitución, esa llamada “carta magna” que los gobernantes y sus funcionarios juran guardar y hacer guardar al asumir los cargos que la ciudadanía les confiere. Ese compromiso de las autoridades se hace con los gobernados, quienes a su vez les dan un voto de confianza, es decir, confiamos en ellos como garantes del derecho en un país de-mo-crát-ico.

Porque mal estamos cuando quienes deben velar por la observancia de las normas y dar ejemplo de respeto a nuestra legislación, pasan por alto esos principios y se llega a los que comentábamos el los Acaecimientos de la semana pasada, el abuso del poder. El pasado fin de semana vimos ejemplos de lo que no deben hacer servidores públicos del más alto nivel, desde secretarios de Estado hasta gobernadores, pasando por líderes del partido en el poder y, lo que es peor, el uso de medios del Gobierno (como aeronaves) para hacer campaña a favor del presidente.

No entraremos en detalles de lo que es del dominio público respecto de la consulta popular programada para el próximo domingo, la revocación desvirtuada para convertirla en ratificación, como se confirma con los mítines encabezados por funcionarios que hasta presumen, cual muchachos pendencieros, su mal ejemplo de desobedecer las normas (que ellos mismos aprobaron) dando apoyo al mandatario, y la movilización al Monumento a la Revolución, como pretexto para “informar” de las bondades de la reforma eléctrica, pero que en realidad fue un llamado a las urnas y un ataque al árbitro de la democracia, el INE, al que se pretende acabar para deshacer las reglas e imponer las propias. Son malos jugadores, como los que se levantan de la mesa al verse perdidos.

Si en esos servidores públicos es reprobable esa actitud de desobediencia, con mayor razón es cuando se trata de las fuerzas armadas, en este caso del jefe de la Guardia Nacional, un general que se incorporó (o incorporaron) a la “cargada” morenista encabezada por el titular de Gobernación. Creo que los militares no tienen necesidad de “ratificar” a su comandante en turno. Por esas y muchas razones más la consulta ha caído en el descrédito y nos ha polarizado. 

En casos como estos, siempre recuerdo la frase acuñada en el escudo de la H. Escuela Naval Militar: “Quien ha de reprender debe ser irreprensible”.

Amagos por el tren

Desde enero pasado, la Sedatu anunció la intención de expropiar alrededor de 429 terrenos ubicados en los municipios de Benito Juárez (Cancún), Solidaridad, Puerto Morelos y Tulum, en Quintana Roo, para el tren maya.

Esta semana, luego de escalar las protestas de ecologistas por el polémico proyecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador amagó con expropiar unos 30 km de terrenos para el derecho de vía del tren, ante lo que llamó “chantajes” que algunos empresarios pretenden hacer para vender tierras a precios más altos de los avalúos. “Que no se hagan ilusiones, porque antes no se recurría a la expropiación pública, porque para el neoliberal era un sacrilegio, para nosotros no”, advirtió.

El tren recorrerá por 1,500 km en cinco estados del sur del país. El tramo 5, de Tulum a Cancún, ha estado en la controversia, ya que grupos ambientalistas critican que la obra destruya el ecosistema de la región, pero el Ejecutivo difícilmente permitirá que le “descarrilen” uno de sus proyectos insignia. Ojalá no sea “al costo que sea”.