Con pruebas de irregularidades en el uso y destino de 42 millones de pesos cometidas por la anterior administración del Ayuntamiento capitalino encabezada por el ex alcalde Eduardo Espinosa Abuxapqui, la síndica municipal, Marcela Rojas López, presentó ayer un nuevo paquete de denuncias en contra de ex funcionarios de “alto rango” ante la Fiscalía General del Estado, órgano investigador que ya acumula decenas de expedientes similares sin resolver.

En esta nueva denuncia contra Abuxapqui y sus más cercanos colaboradores, el secretario general Jorge Aguilar Cheluja y el tesorero César Euan Tun, entre otros, el Ayuntamiento capitalino los acusa de desempeño irregular de la función pública y lo que resulte, por realizar arrendamientos de utilitarios por 42 millones de pesos sin licitaciones de por medio, es decir, que fueron otorgados de manera directa y a discreción del ex alcalde y sus secuaces.

Marcela Rojas informó que es la sexta querella interpuesta contra la administración pasada y aunque a su parecer la Fiscalía ha tenido avances en las indagatorias, la falta de resultados hunde la credibilidad de la dependencia que dirige Miguel Ángel Pech Cen.

Porque no es solo el gobierno de Luis Torres Llanes el que ha denunciado –con los pelos de aquella burra en la mano– los descarados excesos de ex servidores públicos. También han hecho lo propio la alcaldesa de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, y la de Cozumel, Perla Tun Pech, así como el Gobierno del Estado contra el ex gobernador Roberto Borge y sus 40 ladrones.

Pero al llegar a la Fiscalía estas denuncias entraron en un terreno pantanoso de la burocracia donde han permanecido estancadas por meses, sin que hasta el momento se haya procedido contra uno solo de los acusados.

Miguel Ángel Pech, quien entró al relevo del fiscal “borgista”, Carlos Arturo Álvarez Escalera, justamente para destrabar el avance de las investigaciones contra estos políticos de uñas largas, se ha visto muy lento en el seguimiento de las demandas penales contribuyendo a la impunidad, porque a pesar de que presumió desde hace un mes que la dependencia ya tenía varias órdenes de aprehensión listas para ejecutarse, nada ha sucedido.

De nada sirve que las denuncias sigan fluyendo si el fiscal no apura el paso para castigar a los Borges, los Abuxapquis y los Góngoras que hasta hoy gozan de total libertad, burlándose del clamor de justicia de muchos quintanarroenses.