Un día después de reaparecer en público en el mitin cancunense del precandidato presidencial priista José Antonio Meade, Gabriel Mendicuti Loría –secretario de Gobierno durante la turbulenta gestión de Roberto Borge– fue detenido por elementos de la Fiscalía estatal acusado de provocar un daño al erario por 534 millones de pesos.

La detención fue sorpresiva para propios y extraños, pues si bien fue un alto funcionario durante el gobierno anterior, Mendicuti no parecía estar en la mira de las autoridades judiciales y se movía libremente por el estado, sin temor a ser arrestado. Y no solo eso, sino que incluso mantenía un activismo político de perfil bajo, tejiendo relaciones con aspirantes y hasta con funcionarios del actual gobierno.

Pero la suerte cambió de golpe para el ex alcalde priista de Solidaridad, detenido la noche del pasado sábado en Puerto Aventuras en cumplimiento de una orden de aprehensión que dormitó por meses y se activó de repente, curiosamente después de que la Fiscalía sufriera tremendo revés con la liberación del ex titular de la Apiqroo, Ercé Barrón Barrera, por un injustificable error procesal.

Por esta situación de inmediato corrió la versión de que Mendicuti Loría fue utilizado como “chivo expiatorio” por ese pecadillo que dejó en ridículo a la justicia quintanarroense, que para desviar la atención de la monumental pifia cometida con Ercé Barrón y acallar las críticas sobre el tema habría ordenado la inmediata captura del ex funcionario para salvar la imagen.

Como sea, la raspada Fiscalía anotó un punto a su favor al llevar a prisión a uno de los ex funcionarios más influyentes del pasado sexenio, quien cuenta con información de primera mano sobre el teje y maneje de las transas durante el borgismo.

Indeseable para Roberto Borge como precandidato a la gubernatura, Mendicuti participó en el selecto grupo de pretendientes tricolores a la silla gigante, pero el ungido fue Mauricio Góngora Escalante, aplastado en las urnas por Carlos Joaquín González.

Las autoridades quintanarroenses han sido muy ineficientes para llevar las investigaciones a buen puerto y para lograr la recuperación de los recursos  mal habidos, por lo que la fiesta se les puede aguar si no sustentan con evidencias contundentes el presunto desvío por 534 millones que imputan al ex secretario de Gobierno, cosa nada sencilla.