El sector privado ve con preocupación que se apruebe la prisión preventiva por sospechas de evasión fiscal, ya que se trata de un desincentivo para las inversiones que están volteando hacia México, señaló Francisco Cervantes Saavedra, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Muy preocupados, por eso insistimos siempre en que haya mesas de diálogo para escuchar los argumentos de un lado y escuchar los argumentos de otros sectores para poder sacar algo que verdaderamente nos ayude”, dijo entrevistado en el marco de la presentación del libro “Nearshoring: la oportunidad de un nuevo desarrollo económico y social para México”.

En esta coyuntura de la relocalización de las operaciones de empresas globales, México está en un momento importante para atraer inversiones y en ese contexto, se debe armonizar la política pública regionalmente para que el país conserve el título de la economía número uno en América Latina, señaló quien representa al sector empresarial.

“Ahorita que están llegando inversiones, que se está hablando de incentivos, (la reforma) es un desincentivo”, agregó sobre el avance en comisiones del Congreso de la aprobación de la reforma sobre prisión preventiva oficiosa por delitos fiscales.“En todas las iniciativas, todas las reformas, hay que revisarlas, hay que platicarlas y sobre de eso (se decide), como lo hemos hecho a lo largo de este sexenio y al menos en el sector empresarial en muchas de las iniciativas hemos sido participantes”,

expuso el líder de la máxima cúpula empresarial del país.

Ayer, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó reformas a la Constitución con el objetivo de incluir nuevas figuras delictivas en las que un juez podrá ordenar prisión preventiva oficiosa, y dentro del catálogo figuran la defraudación fiscal, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales. El siguiente paso es la discusión y eventual aprobación de la reforma, una vez que se establezca la próxima legislatura en septiembre.

“Está en discusión todavía (la reforma) y en ese pedacito pueden cambiar, nos comprometeríamos en hacer un juicio anticipado”,

dijo Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin).

Sobre la participación del sector privado en mesas de trabajo para exponer sus consideraciones sobre esta reforma, el líder de los industriales señaló que mantienen un equipo legal que está participando.

“Estamos escuchando, no de la Concamin directamente, pero hay parte del sistema empresarial de la parte legal revisando y estamos completamente enterados”,

apuntó.

Faltan contrapesos. Por su parte, Carlos Romero Aranda, exprocurador fiscal, advirtió que la prisión preventiva oficiosa como se está planteando en el proyecto de ley que sigue avanzando en comisiones del Congreso, puede ser un arma muy peligrosa en contra de los contribuyentes pequeños y debe haber contrapesos.

“De ser aprobado en sus términos el proyecto de ley se podría acusar de defraudación y mandar a prisión preventiva oficiosa a contribuyentes que deban desde un peso al SAT, o a quienes no notifiquen a la autoridad tributaria su cambio de domicilio”. Opinó que la reforma debería establecer la prisión preventiva oficiosa cuando sea un delito calificado y supere los 10 millones de pesos el monto presumiblemente defraudado.

“Lo que yo haría sería poner en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que el artículo 19 constitucional diga: defraudación fiscal en los términos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales y el código nacional establezca, que se refiere a la fracción tercera, que es la de mayor cuantía del artículo 108 del CFF”,

abundó.

“También debe precisarse que la prisión se ejerza cuando haya delitos del orden patrimonial, para que no por el simple hecho de que cambie mi domicilio fiscal ya me quieras meter al bote”, enfatizó.

“Para que no se vayan contra el más pequeño, por ejemplo, si el contribuyente fue notificado, pero este no recibió el aviso, lo puedan estar metiendo a la cárcel porque debe a lo mejor 300 mil pesos”,

subrayó.

Romero Aranda reiteró que los delitos fiscales, y en específico los de defraudación fiscal, sí deben tener preventiva oficiosa, pero no en la manera como lo están planteando en esta reforma. “El concepto en primera instancia te podría decir que no lo veo mal, debido a que es lo que yo siempre impulse, esto ratifica la política fiscal de perseguir a los grandes capos, a los grandes criminales”, recordó el experto.

EL DÉFICIT PÚBLICO SE INCREMENTÓ 51%.

El déficit público, medido a través de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), presentó un crecimiento anual de doble dígito en el primer semestre del año, además de ubicarse en su mayor nivel desde que se tiene registro, de acuerdo con datos divulgados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Entre enero y junio pasados, los RFSP se ubicaron en 821,100 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 51.2% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

“Al cierre de junio, el déficit presupuestario se ubicó en 744,000 millones de pesos, 57,000 millones de pesos por debajo de lo programado. El déficit primario presupuestario alcanzó 136,000 millones de pesos, menor a lo programado en 21,000 millones de pesos. Finalmente, los RFSP se ubicaron en 821,100 millones de pesos”,

detalló la dependencia.

En un análisis, la organización México Evalúa destacó que, a junio de este año, los RFSP reportaron el segundo mayor incremento para un periodo similar en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, además de ser el nivel más alto reportado desde el 2008, que es cuando la SHCP empezó a divulgar este dato.

Este año, se espera que los RFSP se coloquen en un nivel histórico. Las proyecciones de Hacienda arrojan que, al cierre de este año, se ubicaría en 5.9% del Producto Interno Bruto (PIB), esto ante un mayor endeudamiento para terminar las obras insignia de la actual administración, como el Tren Maya y la Refinería Dos Bocas.

De esta manera, el techo de endeudamiento aprobado por el Congreso de la Unión es de 1.9 billones de pesos en el mercado interno, mientras que para el endeudamiento externo lo autorizado fue por 18,000 millones de dólares. En tanto, para el siguiente año, el primero de la administración de Claudia Sheinbaum, Hacienda prevé que el déficit disminuya a 3% del PIB.

Deuda de más de 16 billones de pesos. De acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda, a junio pasado el Saldo Histórico de los RFSP –la deuda en su medida más amplia- alcanzó un monto de 16 billones 30,700 millones de pesos, lo que equivale a 47.8% del PIB.

Aunque el discurso oficial sea que la actual administración no ha endeudado al país, los datos lo desmienten. Para este último año de gobierno, la deuda pública (ampliada) se encuentra en su nivel más alto desde el 2000 que se tiene registro, y durante el primer semestre ascendió a 16 billones de pesos (...). El Gobierno mexicano no había tenido una deuda de esta magnitud en los últimos 25 años”, destacó la organización.

De acuerdo con Hacienda, López Obrador heredará a Sheinbaum una deuda de 48.6% del PIB, lo que considera un nivel estable y que no representa una presión para las finanzas públicas del país.

Respecto a la composición de la deuda, la Secretaría de Hacienda destacó que se ha logrado que el endeudamiento en moneda extranjera sea menor. Los datos más actuales muestran que el SHRFSP externo representa 15.7% de la deuda total, el menor monto del que se tiene registro.

¿Podrá disminuir el déficit? La expectativa de la secretaria de Hacienda es que se logre disminuir, el siguiente año, al menos la mitad del nivel del déficit público a través de una consolidación fiscal, con recortes al gasto y sin la implementación de una reforma fiscal.

En este sentido, analistas ven difícil que, sólo con recortes al gasto, los requerimientos financieros puedan llegar a un nivel de 3% o, incluso, de 3.5% del PIB en el 2025.

En días pasados, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) publicó un estudio en donde señaló que los recortes al gasto público y una menor tasa de interés serán insuficientes para llegar a 3% del PIB, por lo que se necesitará de mayores esfuerzos, como una reforma fiscal.

Los cálculos del CIEP mostraron que, la conclusión de las obras emblemáticas, así como un recorte en las tasas de interés promedio, podrá reducir el déficit público en 1.1% PIB y si bien, esto se podría combinar con un incremento de la recaudación en 0.8% del PIB por un combate a la informalidad, así como menor costo financiero, no sería suficiente para reducir el déficit a 3 por ciento. 

“Para una consolidación fiscal efectiva y sostenible es necesario llevar a cabo una reforma fiscal integral, con discusiones sobre la ampliación de la base tributaria y sobre mejoras en la eficiencia del gasto. Debe considerarse la equidad fiscal, con cargas y beneficios justos entre todos los sectores sociales y entre las generaciones presentes y futuras”,

señaló el CIEP.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum, quien tomará la presidencia en poco más de un mes, ha dicho que, al menos, durante el inicio de su administración no se llevará a cabo ningún tipo de reforma fiscal, ya que aún es posible incrementar la recaudación a través de mejoras en los procesos y digitalización.