México entre la destrucción institucional y las calificadoras internacionales
La economía mexicana actualmente atraviesa por muchos cambios, como la entrada de un nuevo gobierno y la recién aprobada reforma al Poder Judicial...
La economía mexicana actualmente atraviesa por muchos cambios, como la entrada de un nuevo gobierno y la recién aprobada reforma al Poder Judicial. Imposible exagerar el nivel de deterioro que sufre este país. El criminal gobierno que encabeza un desquiciado no sólo permitió el crecimiento del crimen organizado, del que muchos parecen ser socios, también abandonó a los mexicanos a su suerte durante la pandemia, destruyó el sistema de salud, canceló programas de apoyo a los más necesitados, vulneró las finanzas públicas y ahora elimina cualquier posibilidad de discusión democrática en el país.
Aunque superficialmente podría pensarse que se trata de una regresión al sistema político del siglo 20, la hegemonía priista, el asunto es mucho peor. Como en esa época, un solo partido (con tres personalidades ficticias) tiene supermayorías en las cámaras; como entonces, gobiernan más de dos terceras partes de las entidades federativas; han devuelto al poder central atribuciones que se habían descentralizado para permitir un mejor funcionamiento. A diferencia de entonces, ahora no es disciplina lo que muestran, sino abyección; no hay tres sectores que moderan al Presidente en turno, no hay experiencia acumulada ni funcionariado para aplicar políticas públicas, no hay sino la voluntad de un solo hombre que, desafortunadamente, está desquiciado.
Ante esto, el mundo y especialmente el sistema financiero internacional nos observan con estupor y detenimiento. En este contexto las calificadoras, entre ellas Fitch Ratings evaluará diversos factores en su próxima revisión de la calificación soberana (’BBB-’ con perspectiva estable) antes de acabar el año.
“Actualmente la perspectiva de la calificación es estable. Estamos viendo niveladas las fortalezas y las debilidades. Antes de observar una baja directa en la calificación soberana, lo que se podría esperar de nuestra parte es un cambio en la perspectiva, es decir, si está en positiva, pasarla a negativa”, enfatizó Gerardo Carrillo, director regional para América Latina de Finanzas Públicas Internacionales de Fitch Ratings.
Agregó que “no estamos viendo una potencial baja en el corto plazo. Estar en negativo es algo que vamos a evaluar con todo lo que se presentó. Creo que ha causado mucho ruido el tema de la reforma judicial. Ese punto ya está incorporado en las debilidades institucionales que captura nuestro modelo”.
En su participación durante la 18a Convención Asofom dijo que la implicación de esta reforma a la calificación soberana radica en la elección popular de jueces, incluyendo ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues puede percibirse como injerencia del Poder Ejecutivo al Judicial. Esto generaría preocupación por su imparcialidad, independencia y calidad técnica. Aunque reiteró que es muy pronto para conocer los impactos que los cambios judiciales pueden traer para el país, en la calificadora se proyecta que serán negativos sobre el perfil institucional debido a que se vulnera la autonomía del Poder Judicial.
Gerardo Carrillo explicó que las reformas constitucionales que presentó la actual administración en febrero pasado no amenazan significativamente las instituciones macroeconómicas, pero el riesgo potencial sería socavar el clima de negocios e inversión, al afectar el débil Estado de derecho.
Según su metodología de evaluación para la calificación soberana, México ya tiene un perfil institucional débil, lo que le impacta en el nivel de su nota. “¿Podemos estar todavía más débiles? Si, pero el espacio que hay hacia abajo no es tan grande. Estamos cerca del piso (de su metodología)”, alertó.
BANCO DE MÉXICO PIDE FORTALECER ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD PÚBLICA
La economía ha presentado atonía entre las regiones y hacia delante se avizora un panorama complejo, y para hacer frente a los retos y aprovechar las oportunidades de crecimiento se requiere fortalecer el Estado de derecho, señaló el Banco de México.
La autoridad monetaria consideró que la incertidumbre que puede generarse por diversos factores podría implicar cautela en las decisiones de inversión. En su reporte sobre economías regionales, Banco de México anticipó que la actividad experimentará un ritmo moderado, el cual se ha acentuado por la debilidad en la actividad manufacturera.
“No obstante, su desempeño podría ser menos favorable que el esperado, ya que enfrentan un entorno complejo e incierto que presenta desafíos significativos para su crecimiento”, dijo la directora general de investigación económica de Banco de México, Alejandrina Salcedo.
Si bien los principales riesgos a la baja para la economía están en la seguridad pública, inflación, altas tasas de interés, y fenómenos climáticos adversos, también hay preocupación sobre la reforma judicial.
“Otro riesgo a la baja, mencionado por algunos directivos empresariales, es el posible deterioro del ambiente de negocios debido a un aumento en la incertidumbre jurídica ante una eventual modificación al marco legal en materia de justicia”, detalló Banco de México.
Ante el panorama adverso, Banco de México instó a fortalecer el Estado de derecho y la seguridad pública; construir infraestructura; implementar políticas de mitigación al cambio climático, y fomentar la competencia económica. “Los empresarios siempre han insistido en la importancia de tener un entorno que genere incentivos para la inversión y que este entorno debe ser uno de fortaleza de Estado de derecho”. Subrayó que la incertidumbre puede producirse por distintos factores y puede implicar tener cautela en las decisiones de inversión que se van a tomar. Al fortalecer el Estado de derecho y la seguridad se brindaría mayor certidumbre e impulsarían el flujo de inversión, que contribuirían a capitalizar las oportunidades que ofrece el nearshoring.
Sobre el nearshoring, Salcedo indicó que hay opiniones favorables de manera generalizada entre las regiones; incluso el 12.9 por ciento de las empresas a nivel nacional reportaron un impacto positivo, un porcentaje mayor a 9.3 por ciento del segundo trimestre del 2023. “Este proceso de la relocalización de las cadenas productivas ha venido beneficiando la actividad manufacturera en el país particularmente en el norte y en las regiones centrales”, dijo Salcedo.
Además, en la construcción privada han recibido opiniones que apuntan hacia la edificación de naves industriales y de espacios comerciales que se puede relacionar con el proceso de relocalización.
“La opinión empresarial continúa anticipando que este proceso signifique un mayor beneficio en los próximos años, y que para maximizar esta oportunidad de crecimiento es importante promover un ambiente favorable para la inversión”, destacó Banco de México.
Entre los empresarios hay optimismo sobre este fenómeno, ya que para 2025, el 31.6 por ciento de las empresas espera que se pueda observar el beneficio del nearshoring, y el 41.3 por ciento ve este impacto hacia el 2026-2030. Para ello es clave seguir impulsando la construcción de infraestructura de transporte, hidráulica y energética, así como la formación de capital humano.
Aunque el panorama pinta complejo para la actividad económica, los directivos consultados por Banco de México consideraron que los factores internos que pueden impulsar el crecimiento se basan en la reducción de la inflación y de las tasas de interés, y que se reflejen en un mayor otorgamiento de crédito hipotecario, empresarial y de consumo.
“Los empresarios esperan que la ampliación de rutas aéreas, y el desarrollo de infraestructura hospitalaria y hotelera continúen incentivando el turismo de placer, de negocios y médico. Adicionalmente, en la construcción privada esperan una expansión en la construcción de espacios comerciales, oficinas, y de vivienda residencial y de interés social”, explicó Banco de México.
Asimismo, indicaron que el incremento en el ingreso de los trabajadores y las transferencias sociales, continuarán estimulando la demanda de manufacturas, en especial, de bienes durables, textiles y alimentos procesados.