Siempre, pero más durante los procesos electorales, actuar ladina y convenencieramente parece una constante en los actores políticos, pero por el tipo de impacto y sus intrínsecas características, vale pena analizar dos leyes aprobadas recientemente por el Congreso de Quintana Roo, pues han tenido reacciones diferentes y no necesariamente en favor de la ciudadanía.

Este lunes por la noche, con el aval de todas las fuerzas políticas, la XV Legislatura aprobó la Ley de Movilidad que regula entre otras cosas, las plataformas digitales para la prestación del servicio de transporte. Los concesionarios, recalco, los dueños de las concesiones, han reaccionado en contra de la norma porque aseguran eso resta valor a las mismas y les afecta sus ingresos; en contraparte algunos choferes o “martillos” han comenzado a ver la conveniencia de la norma, pues les posibilitaría ser sus propios patrones, lo que obvio, también les molesta.

Por cierto, el servicio por medio de plataformas es tan bien calificado por la ciudadanía, que hasta el sindicato de taxistas de Cancún y el de Chetumal han creado las suya; así que, en suma, hay un beneficio social, aun cuando –suponiendo sin afirmar– los dueños de los sindicatos puedan inconformarse por sentirse agraviados y encuentren apoyo coyuntural en algunos partidos o candidatos de Morena o del PES.

En contraparte, hace unas semanas la misma XV Legislatura aprobó la Ley de Asentamientos Humanos que fue apoyada por cámaras empresariales en la zona norte de Quintana Roo, pero fue ampliamente rechazada por el Colegio de Biólogos del estado. La razón para el apoyo –of course– es que permite la reducción en el tamaño de lotes y viviendas de todos los sectores para la entidad, lo que redunda en mayores ganancias para los desarrolladores ¡faltaba más!, pero el rechazo se fundó en que, con la norma en cuestión, el desarrollo de viviendas en zonas inundables será posible, además de construir en polígonos completos sin dejar áreas de donación para parques o áreas de servicio, a cambio de “donar” terrenos en otras zonas.

Pero ante esa ley que legaliza las “cajitas de cartón” que se construirán como casas, si se aprueba la norma –su veto aún es posible por parte del Ejecutivo estatal– ni partidos ni candidatos han dicho nada, y su afectación es real y extendida para toda aquella persona de escasos recursos que quiera adquirir una vivienda, legaliza la hacinación en zonas urbanas, afecta en suma, a los más pobres en esta entidad donde más de la mitad de su población lo es; pero los “señores del dinero” han apoyado la norma, y los políticos marchan a su ritmo; silencio entonces. Así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.