Por si le faltaba suciedad, mugre a proceso electoral atascado, manoseado, asqueroso, ahora los consejeros del Instituto Electoral de Quintana Roo, convertidos en empleados estatales (al menos estos no son poblanos) impugnaron la decisión del Teqroo de revocar la realización de una ilegal consulta que se realizaría el día de los comicios.

Y es que por supuestamente extralimitarse en sus funciones, consejeros del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) apelaron el fallo del Tribunal Electoral local (Teqroo), en que revocaba el acuerdo para realizar una consulta popular sobre las plataformas digitales de transporte.

Los consejeros Sergio Avilés Demeneghi, Claudia Carrillo Gasca y Luis Carlos Santander Botello ingresaron una impugnación contra este fallo, la noche del sábado, ante la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Avilés Demeneghi expuso que el pronunciamiento del Teqroo excede sus atribuciones, pues no tiene facultades para modificar un informe del Ieqroo, realizado con base en el Artículo 49 de la Ley de Participación Ciudadana.

Cabe recordar que el Instituto aprobó una petición del Gobierno del Estado para realizar una consulta pública sobre las plataformas digitales de transporte, como Uber, en Benito Juárez; sin embargo, este acuerdo fue impugnado por los sindicatos de taxistas.

Los magistrados del Teqroo concordaron con los quejosos, al indicar que faltaba un estudio técnico que justificara la trascendencia del tema, además de un análisis del impacto que tendría la medida en la zona circundante, motivo por el que revocó el acuerdo existente y ordenó realizar las gestiones pertinentes con colegios y asociaciones, para poder fundamentar uno nuevo.

Me pregunto qué interés puede tener el Ieqroo en la realización de dicha consulta para determinar si debe regresar o no Uber a Cancún como para meterse a impugnar la decisión de los magistrados.

Sumamente raro y sospechosa es la reacción que han tenido los consejeros del Ieqroo, un organismo que debe ser autónomo, pero que actúa de acuerdo a los que le dictan desde el Gobierno del Estado.

Sin duda es una situación gravísima que debe ser investigada, ya que en manos de esas personas están las elecciones locales y no pueden por ningún motivo tomar partido como lo están haciendo, lo que pone en predicamento su honorabilidad y su honestidad.

Qué forma tan aberrante, tan chafa de sacar el cobre y poner en tela de juicio todo un proceso electoral, así como los próximos resultados.