En ocasiones percibo entre mis amigos y conocidos una profunda división de opiniones cuando se trata de definir si una ciudad debe ser gobernada o administrada. Cuando en 1991 la C.P. Ana Rosa Payán Cervera asumió el cargo de alcaldesa del Municipio de Mérida, dio inicio una prolongada serie de administraciones emanadas del Partido Acción Nacional a las que generalmente se les reconoce haber puesto un mejor orden y control en los procesos administrativos del municipio, por su parte el Partido Revolucionario Institucional ha sido insistente en que nuestra bella y blanca ciudad debe ser bien gobernada y no solamente administrada, como si fuera una empresa privada.

En un intento de desatar este nudo, acudo a definiciones generalmente aceptadas para estos conceptos, y me encuentro con que gobernar es definido como “ejercer la dirección, administración y el control de un estado, ciudad o colectividad” y, al mismo tiempo, una de las muchas acepciones de la palabra administrar es “gobernar un territorio, una comunidad o una institución”. Entonces el asunto ya se terminó de complicar, puesto que, de acuerdo con lo anterior, y sin que las palabras sean consideradas como sinónimos, tal parece que cada una de ellas contiene mutuamente a la otra. ¿Será entonces que estamos ante un dilema jerárquico y no conceptual, mayor importancia de una sobre la otra pero presencia de ambas? Es probable que sí.

Lo cierto es que cada día cobra más fuerza la noción, no solamente en México, sino en todo el mundo, de que las ciudades, especialmente las que pretenden alcanzar un modelo ideal de gestión inteligente y moderno, deben adoptar criterios de manejo más parecidos a la forma de administrar una gran empresa, pero manteniendo la fortaleza de los instrumentos de gobernanza, que permiten los acuerdos para el buen ejercicio del poder en cualquier sociedad.

Expertos en lo que hoy se ha denominado “ciudades inteligentes” coinciden en que uno de los mayores errores que se cometen al planear una de éstas es la ausencia de objetivos de largo plazo. Por lo general se realizan proyectos limitados a la voluntad de una persona y a la temporalidad de su permanencia en la posición más alta de responsabilidad, esos proyectos, aislados y desarticulados, tienen fecha de caducidad y están condenados a fracasar.

Lo que se recomienda es definir objetivos de muy largo plazo y de gran visión, con la participación de un consejo multidisciplinario que visualice los distintos ángulos posibles, y que en consenso se trace una agenda detallada que permita irlos alcanzando. De esta agenda tienen que desprenderse los planes, presupuestos, los programas de ejecución, los sistemas de evaluación de resultados y de redireccionamiento, en proyectos integrados de digitalización, movilidad, seguridad, crecimiento sostenible, gestión del desarrollo urbano, todo mediante una fórmula que brinde un balance adecuado entre el buen gobierno y la administración eficiente.