Del fondo a la media tabla: la evaluación del Inegi indicó un enorme progreso en el tema de la corrupción, cuyo pésimo desempeño por parte de Quintana Roo sin duda significaba una grave afectación a nuestra economía y desarrollo. Si como reveló el gobernador Carlos Joaquín González en menos de un año pasamos del puesto 32 al 15 entre las entidades federativas, no sólo estaría completando una de sus promesas de campaña más importantes –el asunto del castigo a los corruptos, clamor popular, es parte de lo mismo, y el mayor señalado, el exgobernador Roberto Borge Angulo, está encarcelado en Panamá–, sino que se iría por buen camino para dar resultados no sólo para limpiar el pasado sino en un presente en el que las cosas deberán ir mucho mejor.

Seguramente Quintana Roo, por la importancia de su economía y este salto tan importante en la lista negra de los estados corruptos hacia mucho menores índices, es un motor importante para una mejora nacional que percibe la iniciativa privada. Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex, comentaba ayer que tanto como es cierto que las autoridades y los particulares son copartícipes y más o menos igual de culpables en un evento de corrupción, de la misma manera ambos han sido parte de una mejora generalizada. Corresponsables y copartícipes para bien y para mal, pero son las instituciones y las leyes adecuadas los instrumentos que posibilitan el combate a este flagelo endémico en México.

Desde mayo de 2015, señala el titular de esa cúpula empresarial del país, se está impulsando el Sistema Nacional Anticorrupción, y aunque hay mucho por hacer –en la mayoría de los estados no se ha concluido con las reformas– en algunos, como el nuestro, hay un cambio de actitud y los órganos electorales han monitoreado los progresos.

Pero se ha criticado en estos días que no se ha nombrado un fiscal anticorrupción, que sería la piedra de toque del sistema, ni a los 18 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa; el Congreso de la Unión no se mostró muy dispuesto a apretar el paso, no dedicará un periodo extraordinario al asunto y dejará a los órganos como cáscaras inútiles.

La fecha límite es el día 18 de este mes y la presión es fuerte, aunque por lo visto en el Poder Legislativo local sí cumplirán, pues la Diputación Permanente convocó a los integrantes de la XV Legislatura a un periodo extraordinario para el próximo 14 de julio, en donde se atenderán las leyes secundarias que complementarán el andamiaje legal del Sistema Estatal Anticorrupción.

Así, el festejo del diputado Emiliano Ramos Hernández por la detención del exdirector de VIP-SAESA atribuido al famoso cambio –que ya se nos estaba quedando medio moribundo– tendrá pleno sentido.
Van bien.