Una de las principales calificadoras del mundo, Moody’s, tomó la decisión de cambiar la perspectiva de la deuda del gobierno mexicano, y bajarla de estable a negativa.

Las calificadoras emiten dos notas. Una que se refiere a la situación presente y otra a su visión del futuro. La calificación presente fue ratificada. Se mantiene en Baa2, esto quiere decir que está dos escalones por encima de lo necesario para mantener el grado de inversión. La razón de mantener la nota es que considera que el perfil crediticio de México se beneficia de una sólida condición económica y de los beneficios potenciales del nearshoring, entre lo más relevante.

Pero, lo que sí cambió fue su visión del futuro. Se lee textualmente en su comunicación: “El deterioro de la asequibilidad de la deuda y una mayor rigidez del gasto público dificultan la consolidación fiscal”. Más adelante, expresa:

“Si bien nuestra evaluación de la calidad de las instituciones en México ya es baja en comparación con sus pares calificadores, particularmente en lo que respecta al Estado de derecho y el control de la corrupción, evaluaremos si un mayor deterioro en el marco de formulación de políticas y la independencia del sistema judicial podría limitar la capacidad del gobierno para abordar los crecientes desafíos crediticios”.

Sorprendió a muchos, incluida a la propia Secretaría de Hacienda, que se haya tomado esta decisión justo en la víspera de que se presente el Paquete Económico para 2025.

Dada la importancia de la coyuntura política y la inestabilidad económica generada por esta en el país, son de toral importancia las consecuencias que tenga el Paquete Económico para el bienestar de la población, la competitividad del país y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

En este contexto, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) analizó sus principales componentes: 1) los Criterios Generales de Política Económica (CGPE), 2) la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) y 3) el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF). Mismos que comparto con Usted:

Ante la falta de una reforma fiscal que incremente sustancialmente los ingresos del sector público federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propone que la consolidación fiscal para reducir el desequilibrio entre los ingresos y gastos observado en 2024 se logre mediante un ajuste al gasto público, que pasaría de 9.22 billones de pesos previstos para 2024 a 9.30 billones en 2025: una reducción de (-)3.3% en términos reales.

De concretarse, este ajuste fiscal se reflejaría en un cambio favorable en la tendencia de los tres principales indicadores de postura fiscal del sector público: 1) los Requerimientos Financieros del Sector Público, 2) el balance presupuestario o tradicional, y 3) el balance primario.

Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) –la medida más amplia del déficit– pasarían de 1.99 billones de pesos en 2024 a 1.43 billones en 2025. Medidos como proporción del PIB, se reducirían del 5.9% al 3.9% entre estos años. Este último porcentaje es 0.9 puntos mayor que el sugerido por la SHCP en los Pre-Criterios Generales de Política Económica (PCGPE) presentados a finales de marzo de este año (3.0%).

En cuanto al balance tradicional o presupuestario, que mide la diferencia entre el gasto neto pagado y los ingresos presupuestarios, este pasaría de un déficit de 1.69 billones de pesos en 2024 a uno de 1.17 billones en 2025. Como proporción del PIB, el déficit presupuestario pasaría de 5.0% en 2024 a 3.2% en 2025. El balance primario –excluye el costo financiero de la deuda del gasto total–, por su parte, pasaría de un déficit de 465.1 mmdp (1.4% del PIB) en 2024 a un superávit de 217.8 mmdp (0.6% del PIB) en 2025.

Criterios Generales de Política Económica 2025. La Secretaría de Hacienda proyecta que el crecimiento de la economía mexicana en 2025 se ubicará en un rango de entre 2.0 y 3.0%. Esta estimación es idéntica a la calculada originalmente por esta dependencia en los PCGPE que publicó a finales de marzo, según los cuales el PIB crecería en ese mismo rango.

Esta proyección no coincide con las expectativas de crecimiento de distintos organismos internacionales, y actores del sector público y privado. El intervalo de 2.0-3.0% propuesto por la SHCP se ubica por encima de las estimaciones puntuales de seis instituciones: Banco Mundial (1.5%), Fondo Monetario Internacional (1.3%), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (1.2%), Banco de México (1.2%), BBVA (1.0%) y Encuesta Citibanamex de Expectativas (1.0%).

Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2025. Según la iniciativa, que se basa en el marco macroeconómico previsto en los Criterios Generales de Política Económica, el sector público federal estima obtener un total de 9.30 billones de pesos de ingresos en 2025. Esto representa una reducción de (-)3.3% –en términos reales– con respecto a los recursos previstos por la SHCP para el cierre de este año (9.22 billones de pesos).

De este monto, 1.25 billones de pesos –que equivalen al 13.4% de los ingresos totales– corresponden a ingresos derivados de financiamientos. Es decir, recursos provenientes, principalmente, de la contratación de deuda pública para cubrir las necesidades de gasto previstas en el PPEF.

Los 8.06 billones de pesos restantes, que representan 86.6% de los ingresos totales, corresponden a ingresos presupuestarios. Es decir, ingresos ordinarios que obtiene el sector público por la venta de bienes y servicios, así como por el cobro de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, derechos, productos, aprovechamientos, entre otras contribuciones.

Este tipo de ingresos –que reflejan la capacidad real del sector público federal para cumplir con sus funciones– serían 5.4% (726.7 mmdp) mayores, en términos reales, a los estimados en la LIF para 2024 (7.33 billones de pesos). Este crecimiento se atribuye –principalmente– a la dinámica de los siguientes rubros:

Ingresos tributarios. Aunque el Paquete Económico no incluye una miscelánea fiscal para crear nuevos impuestos o aumentar las tasas de los existentes, se prevé que los ingresos por el cobro de impuestos crecerán 2.8%, en términos reales, al pasar de 4.94 billones de pesos aprobados en la LIF 2024 a 5.30 billones de pesos estimados en la ILIF 2025. Este incremento, a su vez, obedece al aumento del IVA (5.5%) e ISR (1.2%).

Ingresos de organismos y empresas. Los ingresos de la CFE, IMSS e ISSSTE tendrían un incremento real de 10.6%, al pasar de 1.08 billones de pesos en 2024 a 1.24 billones en 2025.

Ingresos no tributarios. Los ingresos por contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos tendrían un incremento real de 37.2%, al pasar de 261.6 mmdp en 2024 a 374.4 mmdp en 2025.

Ingresos petroleros. Tanto Pemex como el Gobierno Federal obtendrían, en conjunto, 1.14 billones de pesos de ingresos petroleros en 2025: monto 4.4% mayor al aprobado para 2024 (1.05 billones de pesos). Los ingresos de Pemex crecerían 7.2%, mientras que los ingresos del Gobierno Federal disminuirían (-)3.4%.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2025. Para reducir los Requerimientos Financieros del Sector Público del 5.9% del PIB en 2024 al 3.9% del PIB en 2025, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propone un ajuste al gasto neto total del sector público federal. Se estima que, en 2025, el nivel de gasto será de 9.30 billones de pesos, lo que representa una reducción de (-)3.3% en términos reales respecto al proyectado para 2024 en los CGPE (9.22 billones de pesos) y de (-)1.6% con respecto al planteado originalmente en el PEF 2024 (9.07 billones de pesos).

Esta reducción se concentra principalmente en el componente programable del gasto –recursos que el gobierno puede administrar directamente para cumplir con sus objetivos y ejecutar políticas públicas–, que disminuirá (-)7.3%, al pasar de 6.68 billones de pesos en 2024 a 6.45 billones de pesos en 2025. En particular, se observa una caída de (-)12.7%, en términos reales, en el gasto en inversión física (infraestructura), que pasó de un monto aprobado de 932.4 mmdp en 2024 a un monto propuesto para 2025 de 848.7 mmdp.

Este ajuste fiscal, así como una reconfiguración de la estructura del sector público, se refleja en cambios en las asignaciones presupuestales de distintos poderes, órganos autónomos, así como entidades y dependencias de la Administración Pública Federal.

Ramos autónomos. Se plantea un incremento de 14.4 mmdp a su presupuesto, el cual pasará de 169.9 mmdp en 2024 a 184.3 mmdp en 2025. Este crecimiento de 4.0%, en términos reales, se explica por el incremento al presupuesto del INE y del Poder Judicial, así como por la caída, en términos reales, de los recursos que se pretende asignar a siete de un total de 10 poderes/órganos autónomos. Destacan las variaciones de:

Instituto Nacional Electoral (INE): +18.4% (de 32.8 a 40.5 mmdp).

Poder Judicial: +4.1% (de 78.3 a 85.0 mmdp).

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): (-)17.6% (de 14.2 a 12.2 mmdp).

Ramos administrativos. Se propone un recorte de 80.3 mmdp (7.6% real) a su presupuesto, el cual pasará de 2.20 billones de pesos en 2024 a 2.12 billones de pesos en 2025. De un total de 26 ramos administrativos, cuatro presentan ajustes al alza y 22 ajustes a la baja. Destacan las variaciones de:

Defensa Nacional: (-)43.8% (de 259.4 a 152.0 mmdp).

Seguridad y Protección Ciudadana: (-)36.2% (de 105.8 a 70.4 mmdp).

Salud: (-)34.1% (de 97.0 a 66.7 mmdp).

Infraestructura, Comunicaciones y Transportes: +57.5% (de 85.7 a 140.8 mmdp).

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano: +183.2% (de 12.9 a 38.0 mmdp)

IMSS, ISSSTE, Pemex y CFE

Los órganos bajo control presupuestario directo (IMSS e ISSSTE), así como la CFE, tendrían un incremento en su gasto programable (excluye el costo financiero de su deuda), en tanto que el de Pemex presentaría una reducción:

Comisión Federal de Electricidad: +6.0% (de 493.4 a 545.5 mmdp).

ISSSTE: +5.9% (de 475.8 a 525.6 mmdp).

IMSS: +4.7% (de 1.35 a 1.47 billones de pesos).

Pemex: (-)7.5% (de 481.5 a 464.3 mmdp).

En cuanto al gasto no programable –erogaciones que no están directamente vinculadas a la operación de programas o servicios públicos– se espera que tenga un crecimiento real de 6.5% al pasar de 2.50 billones de pesos en 2024 a 2.77 billones de pesos en 2025. Este incremento se atribuye, principalmente, al aumento de 8.5% del costo financiero de la deuda, que pasaría de 1.23 billones de pesos en 2024 a 1.39 billones en 2025 (14.9% del gasto total).

Programas y proyectos prioritarios. Las prioridades de gasto en 2025 se reflejan en los programas y proyectos de inversión prioritarios de la nueva administración, los cuales contarán con un presupuesto total de 1.02 billones de pesos (11.0% del gasto total): 17 programas sociales (835.7 mmdp) y 10 proyectos de inversión (189.0 mmdp).

Derivado del anterior análisis el IMCO Propone:

Para mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas y ampliar el espacio fiscal de forma que el nuevo gobierno tenga los recursos suficientes para implementar políticas públicas que contribuyan al desarrollo y crecimiento económicos, así como al bienestar de la población mexicana, el IMCO Propone:

Ampliar el espacio fiscal del sector público. La actual administración debe adoptar un enfoque integral que combine políticas orientadas a mejorar la recaudación de ingresos y optimizar el gasto público. De esta forma se ampliará el espacio fiscal del gobierno, es decir, su capacidad de aumentar el gasto sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas.

El IMCO exhorta a los integrantes de la Cámara de Diputados y del Senado a realizar, en el marco de sus facultades, un análisis minucioso de las variables presentadas en el marco macroeconómico y de las estimaciones de ingresos y gasto plasmadas en el Paquete Económico correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

Es fundamental que durante el proceso de análisis y discusión tanto de la Iniciativa de Ley de Ingresos como del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se tomen en cuenta sus implicaciones para la sostenibilidad de las finanzas públicas del país, así como su impacto en la competitividad y calidad de vida de la población mexicana.