La sola expresión “Ley Borge” es espuria: un mote acuñado por motivos políticos, nada racionales y mucho menos jurídicamente fundamentados para descalificar a un instrumento legal que nació tras el acucioso trabajo de especialistas y periodistas acreditados, legalmente constituidos en asociaciones y colegios, que habían dado pasos enormes en la protección de los comunicadores y sus afines personas defensoras de los derechos humanos. Lo que no debemos perder de vista en la discusión –como hacen algunos desinformados, otros malintencionados y un par muy brutos– es que hoy por hoy la ley está vigente. Veamos.

La próxima semana se llevarán a cabo tres foros que organiza la XV Legislatura bajo la denominación “Análisis de la Ley Para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo”, de manera sucesiva en la capital Chetumal, Felipe Carrillo Puerto y Cancún, por lo que no están de más algunos prolegómenos; intentemos elucidar de qué se trata, qué es lo que se busca y cuáles son las posibilidades que tendrán de incidir en los entes imbricados en su largo nombre y, sobre todo, en la vida quintanarroense.

Empecemos por el final: a la ciudadanía de nuestro estado, a las instituciones, a la sociedad y a la población en general les importa que quienes nos dedicamos a comunicar e informar lo hagamos en situación de seguridad, condición sine que non para hacerlo con libertad, imparcialidad, objetividad y, sobre todo, independencia, lo cual no es necesario abundar mucho en cuanto a los beneficios que reporta a todos, pero por si acaso hubiese duda de dicho interés público diremos que se trata de derechos –el de informar y el de ser informado, sin menoscabo de la libertad de expresión, entre otros– asentados en los artículos sexto y séptimo de la Constitución General. Cabe suponer pues que las condiciones de seguridad y –en su caso– protección a los encargados de actualizar esos derechos –los comunicadores– son fundamentales, lo que por desgracia la realdad cotidiana de México, plagada de atentados violentos e incluso asesinatos contra periodistas, nos recuerda con sangrienta brutalidad.

Ahora, quitémosle la sonrisa idiota a Perogrullo: a pesar de que difícilmente alguien estaría en desacuerdo con lo anterior, en la realidad quintanarroense las pasiones políticas, el orgullo, las ansias de venganza y otras consideraciones fácticas han estado muy por arriba del ideal, tanto en lo jurídico como en lo práctico, y ese es el punto de partida real de esta especia de consulta que viene.

Entendemos muy bien las motivaciones de un grupo de periodistas –entre los cuales se encuentran algunos de los mejores del estado, más no todos los buenos ni todos son buenos– que, agraviados en diferentes modos de los que no se excluye la violencia física, detestan todo lo que tenga que ver con el anterior gobierno de Quintana Roo, intolerante, de rasgos innegablemente autoritarios y en muchos casos represivo.

Hoy el exgobernador Roberto Borge Angulo está encarcelado en Panamá por un pedido de extradición del gobierno mexicano y su excompetidor por la gubernatura y archienemigo político Carlos Joaquín González está en el poder, sobreponiéndose a una escandalosa elección de estado que trató de impedirlo, al acoso gubernamental, gracias a una campaña de fuerte respaldo ciudadano, que hizo bajo --sobre, debiéramos decir-- las siglas de la oposición al sempiterno PRI, conformada por el PAN y el PRD. Ganó rotundamente. A Borge ya no lo querían ni pos 17 de la lista de Panamá.

Huelga decir que el grupo de periodistas antiborgistas, después de un sexenio de represión y dos de marginación, hoy se encuentra en una situación de predominio, incluso en ciertos casos atacando con fiereza a quienes no compartieron como ellos la aventura opositora del hoy gobernador, a pesar de que el propio Carlos Joaquín no ha seguido los pasos autoritarios de su antecesor, que intentó suprimir a sus detractores echando mano de herramientas extralegales de todo tipo, desde la exclusión publicitaria hasta la cárcel. Nos consta que, por lo menos hasta ahora, no hay represión alguna.

Pero así como los más exacerbados “joaquinistas” han atacado con ira vengadora a los que llaman “borgistas”, o sea a quienes no compartieron su viacrucis opositor al régimen anterior, hasta los más razonables e inteligentes se han conducido de manera más bien iconoclasta, buscando no dejar títere –esta expresión les gustará sin duda, ja, ja, ja– sin cabeza. Lo cierto es que en su afán vindicativo a veces parecen que están buscando lo mismo –la arbitrariedad irracional, el poder omnímodo, el privilegio de algunos sobre el interés general– pero ahora al revés y con ellos en la cúspide.

Sentimos –e insistimos en ello– solidaridad con nuestros colegas atropellados en sus derechos y desde luego nos vemos en ese espejo, pues también somos vulnerables; incluso tenemos amistades entrambos, pero no creemos de ninguna manera que esto se trate de una limpia para expulsar los fantasmas del borgismo y que la víctima propiciatoria deba ser la mal llamada Ley Borge, pues se trata de un articulado que, aunque perfectible, va muy acorde con instrumentos similares ya vigentes en la mitad de los estados de México y en creciente número de legislaciones del mundo.

No hace falta mucho para comprender las razones que tuvo Carlos Joaquín para ponerse del lado de los antiborgistas en la discusión sobre la permanencia, abierta a las reformas, y la abrogación total de la ley en comento, pues él mismo tuvo por enemigo político al gobernante que lo excluyó, acosó y obstaculizó de manera enfermiza durante cinco años y medio, luego de haberle ganado la postulación el sexenio anterior, más por ser delfín del gobernador anterior Félix González Canto que por méritos políticos propios. Los periodistas que buscaban tirar la ley a la basura acompañaron al mandatario en turno durante todo ese tiempo de lucha quijotesca y hoy ganaron, naturalmente, la aquiescencia gubernamental.

Ya hablaremos en los foros de los contenidos de la ley vigente y de la conveniencia o inconveniencia de invertir valiosos recursos del Estado en una “dulce venganza”, cuando a todas luces y a pesar de la supresión de un par de artículos que la Suprema Corte ordenó eliminar porque sí mostraban la intención de favorecer las arbitrariedades de Roberto Borge el resto corresponde a un ordenamiento moderno y muy armonizado con los mejores del país y el mundo.

Lo que exigieron –no propusieron– los periodistas antiborgistas fue sin embargo tirar la ley a la basura y empezar de cero, cuando fueron por lo menos cinco los años de trabajo que tomó conformar la actual. ¿Qué pasaría si se abroga? Solo hay de una sopa: vuelven a analizar las legislaciones vigentes en el país y el mundo, a revisar los criterios del tribunal constitucional y tratan de armonizar la nueva iniciativa con lo mejor de lo existente y, si acaso, buscan alguna especificidad que ataña a nuestro estado y su realidad. Nada muy sorprendente en términos jurídicos podrá salir de ese afán político y coyuntural. Parafraseando a un ocurrente colega antiborgista, va a ser “lo mismo.. pero más caro”.

Diríamos que quieren descubrir el agua tibia, pero –noblesse obligue–: suponen que van a inventar el café con leche. 

HOMÚNCULOS

Hay una diputada del PAN, Eugenia Solís Salazar, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que cada vez que habla usa expresiones como “por instrucciones del señor gobernador…”, “como lo determinó el señor gobernador…”, y así por el estilo, que no se ha enterado que pertenece a un poder soberano. ¿Sabe el lector quién organiza los foros de los que hablamos arriba? Adivinó.

Algo de lo que tampoco se ha enterado la servil legisladora –tan servil que da vergüenza– es de que la ley en comento está vigente, que Carlos Joaquín solicitó su abrogación pero que él no manda sobre el Poder Legislativo… ¿o sí?