De la veintena de reformas constitucionales planteadas en el 107 aniversario de la Carta Magna por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la más cuestionada —que no la única, pues casi todas son polémicas y caracterizadas por sus adversarios, domésticos e internacionales, como demoledoras del régimen de república federal— ha sido la que se refiere al Poder Judicial, declarada némesis del mandatario y su llamada Cuarta Transformación, pues, salvo sus incondicionales, incluyendo la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, la perciben como lesiva para el equilibrio entre los poderes —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— que ha caracterizado a nuestro país, al menos foramalmente, desde el 4 de octubre de 1824, tras el imperio de Agustín de Iturbide, interrumpiéndose en los hechos estos rasgos con la instauración del Segundo Imperio —Maximiliano de Habsburgo— y restaurándose con la emanada de la Guerra de Reforma de 1857 con la presidencia de Ignacio Comonfort, y vueltos a poner en vigor con la de 1917, de Venustiano Carranza.

En un artículo del volumen del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República (febrero 5, 2024), “La reforma al Poder Judicial. Efectos en el estatus y la mecánica de elección —por voto popular— de sus integrantes”, escrito por César Astudillo, investigador del mismo, se afirma que la iniciativa supone para el estatus constitucional que hoy tienen reconocido las y los ministros de la SCJN, las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del PJF, y las y los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (…) las y los jueces de distrito (…), así como el desplazamiento de la designación colaborativa entre órganos del Estado por una mecánica electiva que en las contadas experiencias constitucionales en donde se ha probado ha dejado más dudas que certezas. El punto más repudiado —aquí tampoco es el único, pues la mayoría implican el rechazo de juristas, politólogos, anlistas, políticos y actores de la vida nacional—, probablemente, sea la elección de ministros de la Corte por voto popular.

El autor también señala que la crítica a la actuación del Poder Judicial de la Federación —PJF— se hizo constante con la llegada de la ministra Norma Lucía Piña Hernández a la presidencia de la SCJN, “luego de que se sometieran a deliberación y votación asuntos relevantes para el gobierno, que estuvieron prolongadamente detenidos durante la presidencia del ministro Zaldívar, y que resultaron en reveses apoyados por una mayoría calificada de ministros.

El haber declarado la irregularidad constitucional de decisiones y políticas relevantes para el gobierno se concibió como una deliberada conducta obstruccionista que choca frontalmente con el sentir de la mayoría electoral que llevó al poder al presidente en las elecciones de 2018.

De ahí que de lo que se trata la iniciativa de reforma constitucional en materia judicial (…) es que exista una inescindible identidad entre la voluntad política emanada de las elecciones y la voluntad jurisdiccional declarada en las sentencias de los integrantes del PJF.

“En particular, la iniciativa propone cambios que alcanzan a estos componentes del estatuto (289 jurídico): a) el número de integrantes del Pleno de la SCJN; b) los requisitos de elegibilidad; c) las incompatibilidades; d) la duración del encargo; e) la renovación del mandato; f) el régimen de ausencias; g) la garantía de inamovilidad; h) la retribución económica; i) el régimen de responsabilidades, y j) el valor del voto”.

En mayor o menor medida, pero todos estos cambios afectarán negativamente el funcionamiento del Poder Judicial, cuyos efectos concretos hay que tratar aparte, pero lo más importante es que la consulta llevada a cabo el finde semana por la 4T a través de una propia casa encuestadora y dos firmas que trascendio que fueron pagadas en su momento por la campaña de Sheinbaum están abocadas indubitablemente a hacer “aquimichú” a la reforma en caso de que el statu quo de la próxima —o próximas dos— legislatura se mantenga, siendo que al partido que conservará el poder le faltarán u par de votos para alcanzar la mayoría calificada —tres cuartas partes de los votos— requeridas para toda reforma constitucional, entre muchas otras decisiones cruciales para la vida nacional.

La inminente presidenta ya cantó victoria afirmando falazmente que la coalición —es un decir— gobernante tiene asegurada la mayoría calificada, pero —amén de que no existe un acuerdo pleno sobre ese hecho y ante una elección de legisladores que seguramente se va a judicializar— no se descartaba hasta ayer la posibilidad de que el centrista Movimiento Ciudadano se desplazara a la izquierda o continuara la compra de conciencias de políticos opositores mendaces y felones —sobre todo priistas— que el Morena practica desde hace meses.

Sin embargo, tenemos por ahí un video en el que el líder emecista Dante Delgado Ranauro se opone rotundamente a cualquier debilitamiento del Poder Judicial, desde el Senado y ante los ministros, en tiempos en que lo encabezaba el indigno y traicioner Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en el que por poco le faltó mencionarlo.

Hay políticos de izquierda pensantes, como el abogado y diputado local reelecto, Hugo Alday Nieto que consideran que de cualquier manera es poco probalbe que la reforma pase franca a pesar de la predominancia de ignorantes consumados. La moneda está en el aire.