En 2021, tres menores de edad fueron, muy lamentablemente, reclutados por el crimen organizado a través de un videojuego. Los tres niños fueron posteriormente rescatados de las manos del grupo que los reclutó, pues estaban privados de su libertad en un municipio de Oaxaca.

Desde ese acontecimiento, el Gobierno Federal ha aprovechado cuanta oportunidad ha tenido para responsabilizar a los videojuegos y sus contenidos de la violencia que impera en el país y de la participación, cada vez más activa, de la niñez y la juventud en grupos criminales.

Recientemente, de hecho, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana urgió a los senadores de su partido a promover una iniciativa que penalice la venta de videojuegos “violentos” a menores de edad, para evitar que los niños sigan adoptando conductas delictivas.

Desde 2020, decenas de miles de menores de edad han enfermado de Covid-19 y cientos de ellos han fallecido como consecuencia de esta enfermedad. A pesar de ya llevar un avance importante en la vacunación a adultos e incluso haber empezado a aplicar terceras dosis (el famoso refuerzo), el Gobierno Federal sigue negándose a incluir a los niños en el plan de vacunación respectivo.

 De hecho, la inclusión de los menores entre 15 y 17 años en la estrategia de vacunación se debió en gran medida a la presión ejercida por miles de padres de familia a través de los amparos promovidos en favor de sus hijos. Mientras en el resto del mundo (incluso en varios países de Latinoamérica) se está vacunando a los niños mayores de cinco años para protegerlos de los estragos del Covid, en México la autoridad no cede.

En ambos casos hay un elemento que, en teoría, debiera prevalecer: el interés superior de la niñez. A través de este principio consagrado en la Constitución, el Estado Mexicano se obliga a que sus políticas favorezcan el desarrollo de la niñez mexicana y la protejan en todo momento.

Claro, resulta incomprensible el maniqueo o la incongruencia con que este principio se aplica, pues se extralimitan en unos casos y se justifican en otros. Penalizar el que se vendan videojuegos “violentos” a menores (que, es cierto, los videojuegos deberían usarse bajo supervisión) no resolverá ni por poco el que los niños ejecuten conductas delictivas o se unan al crimen organizado.

 Eso se resuelve mejorando las condiciones de vida de los menores, reparando el tejido social y, fundamentalmente, con políticas públicas encaminadas a prevenir el delito antes que a sancionarlo. Enfocar las baterías hacia los videojuegos no es más que justificar el fracaso de las políticas de seguridad y no aceptar los fallos del Estado.

Por el contrario, vacunar a los menores sí es una política que cumple con el principio de interés superior de la niñez, pues antepone su integridad y su salud, sobre todo en el contexto en el que vivimos actualmente. Integrarlos a la estrategia nacional de vacunación sí mostraría un genuino interés por la niñez mexicana, a diferencia de aquellas políticas que dicen proteger a los niños, pero que sólo son pantallas que no resuelven los temas de fondo.