Apunto de iniciar el proceso electoral más importante para Quintana Roo, con la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y la credibilidad de los árbitros electorales locales está cada vez más por los suelos, casi ingresando al subsuelo. 

La reciente resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo confirma, pues de nueva cuenta le revirtió al Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) y al Tribunal Electoral (Teqroo) sendos acuerdos que les retiraban el registro a Confianza por Quintana Roo y Movimiento Auténtico Social, como partidos políticos locales. 

Los magistrados del máximo órgano jurisdiccional evidenciaron la incompetencia, tanto de los consejeros electorales como de los magistrados electorales, y los regresaron a la escuela de leyes, ya que una pérdida de registro de un partido político sólo se puede dar en una elección de gobernador; así de simple. 

Pero con el nuevo “oso” de nuestras autoridades electorales en Quintana Roo, a uno no le queda más que temer sobre la certeza que se supone deben ofrecer a los ciudadanos de llevar a cabo un proceso electoral apegado a derecho, sobre todo en la venidera, en la que se elegirá al nuevo gobernador del estado y a los diputados locales. 

Del Ieqroo ¿Qué más se puede esperar? Cuando en sus integrantes están sólo dedicados al dispendio de su millonario presupuesto con negocios turbios, y al menos dos de sus consejeros actuales están vinculados a partidos políticos.  

Empezando por Adrián Sauri Manzanilla, quien es sobrino del representante del PRI ante el Ieqroo, Juan Manzanilla Lagos y, peor aún, la nueva consejera electoral Maisie Lorena Contreras Briceño es ex candidata suplente del PAN a una diputación federal por el distrito 02, cuyo titular fue en su momento Mario Rivero Leal.  

El Teqroo no canta mal las rancheras: dos de sus magistrados, están vinculados con el ex gobernador Roberto Borge, lo que salió a la luz tras aquel audioescándalo en el que el magistrado presidente Víctor Vivas le reclama al entonces consejero electoral, Sergio Avilés por “salirse del huacal”. 

Y para acabarla de amolar, hace apenas 10 días, Víctor Vivas, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, fue acusado por su esposa de haberla golpeado tras llegar borracho a su casa en Chetumal. 

Las de los consejeros y magistrados electorales son violaciones penales, administrativas, políticas, éticas y morales, pero nadie dice nada; y para colmo, los representantes de los partidos políticos ante el Ieqroo están comprados con sus buenas dietas mensuales, así quién no. 

A todo esto ¿Quién los castiga? ¿Hay autoridad que les ponga un alto? ¿Así llevarán a cabo el proceso electoral más importante para Quintana Roo?