El artículo 54 de la Constitución Federal establece algunas de las bases para conformar la Cámara de Diputados. Entre ellas, se señala que en ningún caso un partido político podrá tener más de trescientos diputados por los principios combinados de mayoría simple y representación proporcional.

Es decir, incluso si un partido ganara los trescientos distritos electorales en que se divide el país, no tendría más diputados que esos, pues no se le asignarían a los famosos “plurinominales”. ¿Por qué? Porque los diputados “pluris” existen para representar a esas otras opciones políticas por las que los ciudadanos votaron, pero que no alcanzaron la mayoría de votos.

Los plurinominales son, en esencia, la representación de las minorías políticas que también deben tener voz y voto en una democracia. Que la forma en que los partidos reparten los escaños de representación proporcional esté viciada, eso no lo discuto. Pero ese no es el tema de esta columna.

Habíamos comentado la semana pasada que los legisladores discutieron la polémica reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, mediante la que se pretendía cambiar el texto Constitucional en varios párrafos.

Nuestra Carta Magna, una Constitución considerada rígida por los requisitos que exige para ser reformada, señala que es necesario el voto positivo de, cuando menos, dos terceras partes de la Cámara para realizarle cualquier modificación.

Si uno hace los cálculos y toma en cuenta que la Cámara Baja tiene 500 legisladores, se dará cuenta que los 300 que como máximo puede tener cualquier fuerza política no alcanzan para reformar la Norma Suprema. Precisamente esta fue la intención del propio constituyente: de una interpretación sistemática de la Constitución, podemos entender que lo que se busca es el consenso, el acuerdo. Dado que ningún partido puede obtener por sí mismo esa mayoría mínima, se ve obligado a acercarse a otras fuerzas, de tal manera que los cambios a la Constitución -que no distingue partidos- sean aceptados por la generalidad.

Las minorías importan en una democracia; son la voz de la pluralidad, llámense empresarios, ecologistas, maestros, médicas, trabajadores, liberales o conservadores. Ningún país tiene, por más mayoría que sean, una postura política única y absoluta.

Por eso los movimientos sociales obligaron al PRI, muy a pesar del partido hegemónico, a reformar paulatinamente la Constitución y dar entrada a las minorías. Hoy el oficialismo no tiene la mayoría calificada, la mayoría que establece la Carta Magna para ser reformada, y no lo tiene porque así lo quiso la ciudadanía.

Los electores decidieron repartir el Congreso entre varios colores y eso es lo que se reflejó en la votación de la reforma eléctrica. Hoy acusan de traición a la patria a quienes -sí, quizá siguiendo una consigna- rechazaron otra consigna emanada de Palacio Nacional. Ser mayoría o tener la presidencia no te hace el intérprete de “la voluntad popular”, pues no hay una, sino muchas voluntades.

Parece anécdota surrealista, pero la dirigencia de Morena anunció una consulta para definir si se denuncia a los “traidores a la patria” que no aprobaron la reforma.

¿Traiciona más quien no apoya una reforma o quien va en contra de la Constitución y su espíritu plural? Usted dirá.