Seguramente la comodidad, la falta de tiempo para acudir a un establecimiento formal, la percepción muchas veces equivocada de que obtendremos un menor precio o simplemente la oportunidad de encontrar de repente a nuestro paso algún artículo o producto que necesitamos se encuentran entre los motivos que nos impulsan a adquirir inopinadamente alguna cosa que se vende en la calle.

En ocasiones he encontrado personas que justifican ese tipo de compras usando juicios un poco más elaborados y preconcebidos, como pensar que una fruta o verdura se le está comprando al productor primario, directamente al campesino que la cultivó en su parcela, y así están contribuyendo a evitar que un malévolo intermediario o el codicioso propietario de una frutería ejerzan sobre aquella persona, representativa de una de las clases socioeconómicas más desfavorecidas de nuestra sociedad mecanismos de explotación e injusticia que todos deseamos ver erradicados de nuestro país.

Si ése es el caso, estamos entonces tomando decisiones de compra con base en prejuicios. Según expertos en la psicología de la persona, por lo general un prejuicio surge de una conveniencia para discriminar, descartar o dominar a otras personas, lo que comúnmente genera una actitud hostil hacia ellas; pero también puede ocurrir para aceptarlas preferentemente y dispensarles un trato favorable por pertenecer a determinado grupo social, étnico, político, socioeconómico o de cualquier otra índole.

Independientemente de que dichas presunciones pueden estar muy equivocadas, ya que no tenemos ni la menor idea de la verdadera historia detrás de ese producto que estamos adquiriendo y de las personas involucradas, el fenómeno de la economía informal puede resultar demoledor para la estabilidad y el progreso generalizado de un país.

De acuerdo con datos del Inegi dados a conocer en diciembre de 2018, un 57% de la población ocupada en condiciones de informalidad genera un 22.7% del Producto Interno Bruto, mientras que el 42.9% de la población ocupada formalmente contribuye con el 77.3% del PIB. Es decir, que bastante menos personas dentro de la formalidad están aportando casi cuatro quintas partes de la riqueza nacional. ¿Es entonces un acto de justicia adquirir productos y servicios informales?

¡Desde luego que no!, no lo es para los que están dentro de ese esquema, en donde, si conociéramos la verdad que se oculta detrás, podríamos encontrar mecanismos de explotación, violación de derechos humanos y delincuencia organizada; ni tampoco es justo para quienes hacen esfuerzos enormes por permanecer dentro de la formalidad, pagar impuestos, generar empleos con prestaciones legales y repartir una riqueza que se genera con el esfuerzo de todos.

Demos preferencia a comprar en negocios que están en la formalidad y además seamos exigentes con que nos brinden calidad, seguridad, legalidad, garantía, cuiden nuestra salud, solucionen nuestras necesidades con eficiencia y profesionalismo. Fomentemos un comercio justo y generador de progreso para todos, no es difícil. ¡Hagámoslo!