Se han comentado con amplitud las calamidades de las reformas judiciales que mandó al Congreso de la Unión Andrés Manuel López Obrador, pero poco se ha reparado en los análisis acerca del impacto que tal pudiese acarrear para México en el ámbito de las relaciones internacionales.

De ahí que nos llamara tanto la atención una declaración del diputado quintanarroense Hugo Alday Nieto, pues se trata de un tema que ya habíamos platicado con otros juristas y economistas, y que veíamos venir como un intento de descarrilamiento de una postura constitucionalista, convencionalista —en términos de tratados internacionales— y concordante con la progresividad en la defensa de la democracia y los derechos humanos entre los países firmantes de convenios o simplemente comprometidos con el principio de no regresión.

La entrevista, llevada a cabo por varios reporteros de Chetumal en el vestíbulo del Congreso de Quintana Roo, seguramente será destacada por los medios, pero aunque es obvio que los efectos de medidas que ya están siendo severamente cuestionadas como la elección por voto popular de juzgadores —incluyendo a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación— que impactan de manera directa a la vida interna del país, lo que pudiera afectar a México con estos inverosímiles retrocesos pudiera ser, a mediano y largo plazo, un golpe mortal para el esta tierra en su posición en el orbe y, desde luego, en su capacidad de gestión política y económica para términos que pudieran extenderse a décadas.

“En materia de control constitucional (…) resultaría grave eliminar o desnaturalizar el sentido de los tribunales constitucionales nos aleja mucho del ámbito internacional, de este concierto de estados o de países que tienen (que los tienen).

“El desnaturalizarlos: es decir que las acciones de inconstitucionalidad o las controversias constitucionales o juicio de amparo no puedan ser promovidos contra acciones del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo tiene como consecuencia que se rompa el control que establece la división de poderes, que para eso existe”.

Alday, pensamos, quiere decir que eliminar los controles constitucionales que representan las actuales facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, para colmo, suprimir la sujeción del país a los tratados y convenios incluso ante cortes internacionales sería excluir a México del sistema de justicia internacional que ha progresado trabajosamente desde hace tres décadas, en la que nuestro país, si bien no a la vanguardia, sí había participado con vigor.

Si elimináramos la convencionalidad —es decir: el peso jurídico-judicial que tienen las convenciones y tratados internacionales en la administración de la justicia en México—, como país nos estaríamos saliendo de lo que se está haciendo en el mundo y, por lo tanto, aislándonos jurídica y económicamente —perdón por el cliché— como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Vietnam y Corea del Norte.

Los tratados internacionales sirven para evitar Ayotzinapas, Fobraproas y, si alargamos la memoria, también tratados Guadalupe-Hidalgo, encomiendas en Oaxaca y lo que se nos ocurra que la humanidad ha luchado por evitar. Impiden la esclavitud como la de los de los campos de Valle Nacional o las haciendas henequeneras de Yucatán. En serio: ¿lo que quiere la Cuarta Transformación es que eso vuelva a hacerse posible, como si estuviésemos en el Congo del rey Leonardo II de Bélgica explotando el caucho con la muerte de unos diez esclavos por día?

Nos parece claro que esto no es opinión política, sino un análisis de hechos históricos, jurídicos internacionales, sociopolíticos y —lo que más nos preocupa— económicos.

Nos sentimos tan tristes como cuando veíamos a la aplanadora priista votar a ojos ciegos y oídos sordos todo lo que le mandaba su presidente. ¡Es igualito!

Lo vemos, percibimos los riesgos, las amenazas e incluso las previsibles catástrofes, pero como dijera Luis Echeverría Álvarez: “Ayer estábamos al borde del precipicio; hoy, hemos dado un paso adelante”.

¡Pues es que son lo mismo!