¿Si tuviera usted el poder de ayudar a sus amigos, lo haría? ¿Si tuviera una posición de poder, se aprovecharía de ella para cubrir sus deudas y compromisos?

El tráfico de influencias y el nepotismo han sido históricamente, un dominante uso y una arraigada costumbre entre los personajes de poder, clase política y altos círculos empresariales en nuestro país. Sus costos, han sido brutales para el desarrollo financiero, económico y político del país y en muchas más ocasiones, son el punto de partida de los grandes negocios que, al amparo del poder, hoy sustentan varias de las más cuantiosas fortunas existentes en México.

El mitológico discurso anticorrupción del presidente López Obrador parecía otorgar, al menos en el caso de las ternas propuestas al Senado de la República para la elección de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una oportunidad para los servidores públicos de carrera del Poder Judicial Federal, así como a los académicos y estudiosos del derecho, para integrar el máximo tribunal del país. Era pues, la mejor chance para colocar en la Corte, a personajes pulcros y de intachable reputación.

La terna propuesta y presentada a la Cámara Alta para sustituir a la ministra Margarita Luna Ramos es un completo contrasentido. Desde todos los ángulos, las personas integrantes de ese importante listado representan el pago de un compromiso, al menos político de parte del Ejecutivo Federal.

Celia Maya García fue candidata a Gobernadora de Querétaro por el PRD mientras AMLO regenteaba la Ciudad de México, esa coyuntura les generó una cercana relación que llevó a la maestra a ser candidata al Senado por Morena en 2018, perdiendo la elección.

Loretta Ortiz Ahfl es miembro fundador de Morena, fue diputada por esos colores en la LXII Legislatura Federal y fue abogada de dicho partido hasta su reciente nominación a la SCJN donde no resultó electa.

Y la más polémica, Yazmín Esquivel Mossa, esposa de José María Rioboo, constructor favorito de AMLO y del ahora canciller Marcelo Ebrard, quien proviene del área de inteligencia del Distrito Federal y que con sendos favores políticos arribó como Magistrada Presidenta del Tribunal Contencioso Administrativo de la CDMX donde fue protagonista de bochornosos casos de corrupción.

Cualquiera que sea la opción que las dos terceras partes del Senado avale, independientemente del costo político para Morena y el propio presidente, consumará un evidente acto de corrupción, la misma que intensamente criticó López Obrador de sus antecesores, la misma que ahora pretende desviar señalando que ninguna propuesta viola la ley. Esa misma corrupción de amiguismo, incapacidad, partidización y conflicto de intereses, que como en el caso del Tribunal Electoral Federal, sólo tensará las condiciones de la Corte, para entonces, obtener AMLO el control total de ésta, con miras a su posible próxima batalla electoral en el 2024; modificar la cláusula de reelección presidencial, quizá lo valga. Al tiempo.